El Govern de Carles Puigdemont ha aprobado hoy su primer proyecto de ley, orientado a combatir el cambio climático y que incluye una nueva figura tributaria sobre emisión de gases contaminantes de turismos y furgonetas, que se aplicará progresivamente a partir del 2018.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que la nueva normativa “no está concebida desde una autonomía, sino desde una nación que está trabajando para lograr su propio Estado; es una ley de Estado”, aunque ha defendido que es una “ley perfectamente constitucional”.
La normativa incluye una nueva figura impositiva: un impuesto sobre emisiones de CO2 en turismos y furgonetas a aplicar de forma gradual a partir del 2018, año en el que se empezará a aplicar en los vehículos más contaminantes (más de 160 gramos de CO2 por Km)
Para un turismo medio que emita entre 120 y 130 gramos se pagará menos de 5,5 euros, mientras que en los casos de vehículos más contaminantes (por encima de 235 gramos) serían 84 euros al año.
Cuando el impuesto esté plenamente desplegado, la Generalitat calcula recaudar unos 75 millones de euros anuales, aunque Rull ha aclarado que el tributo tiene un carácter de “transitoriedad”, dado que el objetivo del mismo es que no se tenga que pagar en el futuro porque ya se haya hecho una “renovación suficientemente potente de la flota” en pro de vehículos menos contaminantes.
El conseller ha explicado que más del 50 % de lo que se recaude por el impuesto (se estima que serán 68,7 millones en turismos y 8,1 en furgonetas) se dedicará a renovar la flota de automóviles, que en Cataluña tienen una media de antigüedad de 10 años.
Ha defendido que el nuevo tributo es “perfectamente constitucional”, aunque no ha descartado que el Ejecutivo del PP pueda recurrirlo al Tribunal Constitucional.
“Del actual Gobierno nos lo esperamos todo, porque no actúa por criterios jurídicos, sino políticos”, ha juzgado Rull, que ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de querer “laminar” el autogobierno de Cataluña.
El proyecto de ley, que se llevará al Parlament, recoge el trabajo realizado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad en la anterior legislatura y tiene como objetivo mitigar los efectos del cambio climático.
Así, incluye el “auténtico reto estructural de país”, en palabras de Rull, de reducir en un 25 % la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2020 respecto a los que había en 2005, y en más del 80 % en el 2050, en la línea de los criterios de la UE.
El proyecto establece asimismo que los departamentos de la Generalitat, así como los entes locales, si es necesario, deberán definir las condiciones y la metodología para fijar un consumo mínimo de energía y agua y unas tarifas sociales que aseguren la cobertura de este mínimo vital para la población en riesgo de exclusión social.
