La consellera de la Presidencia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha asegurado hoy que el Govern no se retirará del proceso judicial abierto contra activistas a raíz de los incidentes por el desalojo del centro social de Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona, en mayo de 2014.
Ayer, Munté garantizó la “predisposición” del Govern a retirarse de siete procesos judiciales contra activistas, fruto del pacto de investidura entre Junts pel Sí y la CUP, si bien hoy ha matizado que “no hay ningún pacto”, sino que “hace meses” que la Generalitat ya viene analizando su papel en este tipo de casos.
Después de que los sindicatos de los Mossos d’Esquadra advirtieran ayer de que si el Govern se retira de procesos judiciales contra activistas traspasará una línea roja por haber “cedido a un chantaje político” con la policía como moneda de cambio, Munté ha querido lanzar un “mensaje de tranquilidad” a los agentes.
Uno de los procesos que la CUP consideraba que había conseguido convencer a la Generalitat para que se retirara es el de Can Vies, en el que cuatro jóvenes fueron detenidos por participar en los choques con los Mossos d’Esquadra.
Munté, que ha eludido confirmar si el conseller del Interior, Jordi Jané, ha manifestado su malestar por este gesto a la CUP, ha indicado que en el caso de Can Vies “no habrá retirada”, ya que se traspasaron las “líneas rojas” que el Govern considera que no se deben franquear para poder apartarse del proceso.
Según Munté, en los últimos meses, antes de las negociaciones con la CUP, desde la Conselleria de Interior ya se estaba analizando qué criterios debía seguir la Generalitat en relación con su personación en determinados procesos.
El criterio que se ha venido siguiendo en los últimos meses, ha añadido, es que “la administración no debe comparecer como acusación particular exceptuando dos supuestos: si hay lesión de los empleados públicos o si hay una lesión de bienes públicos”.
