España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre y superando hasta en catorce veces a Grecia, según el informe “Una economía al servicio del 1 %” que ha publicado hoy Oxfam Intermon.
La ONG asegura que la pobreza y la exclusión en España han aumentado “de manera alarmante” en los últimos años, con 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión en el año 2014 (el 29,2 % de la población española).
La distancia entre ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1 % de la población concentró tanta riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos.
“La fortuna de sólo veinte personas en España alcanza un total de 115.100 millones de euros”, explica el informe.
En este sentido, España es el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia entre rentas altas y bajas, sólo por detrás de Estonia, y entre 2007 y 2014 el salario medio español se desplomó un 22,2 %.
Además, según los datos de la OCDE, los hogares más desfavorecidos son los que han sufrido una mayor caída de los ingresos durante la crisis, y el salario de los más ricos es 18 veces superior al del 10 % más pobre.
Por otra parte, el informe denuncia que la reforma fiscal que entró en vigor en España el 1 de enero del año pasado es “una herramienta para garantizar privilegios a unos pocos”, lo que ha dado como resultado que España siga teniendo una de las presiones fiscales más bajas de toda Europa.
No se ha conseguido remediar que 17 de las 35 empresas del IBEX 35 no pague el impuesto de sociedades en España ni que la inversión hacia la Unión Europea cayera un 15 % en 2015 y la inversión en paraísos fiscales creciera un 2000 %.
Oxfam Intermón ha presentado estos datos de cara al Foro Económico Mundial (WEF) que se celebrará en Davos (Suiza) del 20 al 23 de enero y en el que exige que se trabaje por “sociedades más redistributivas y con un claro esfuerzo hacia la justicia social”.
Para ello, la ONG pide al futuro gobierno de España que se posicione como ejemplo y en los primeros cien días de legislatura ponga en marcha una ley contra la evasión fiscal con medidas más efectivas y mayor control, que combata la opacidad y la impunidad de los grandes evasores.
Así como medidas sociales que garanticen, entre otras, unos ingresos mínimos a todos los hogares, incrementar el salario mínimo a 1.000 euros, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y promover la recuperación del 0,4 % de ayuda al desarrollo internacional.
