El juez del caso Traiber censura la falta de inspecciones al fabricante de prótesis de cadera, rodilla y columna dañadas e implantadas en pacientes de once comunidades autónomas y siete países, y oficializará que se identifiquen todas las piezas, según han informado a Efe fuentes judiciales.
El auto del titular del juzgado número 3 de Reus reseña la falta de inspecciones de la Agencia Española del Medicamento y de la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat a la empresa con sede en esta ciudad tarraconense.
“Lo que queda claro es que ninguno de los dos organismos había inspeccionado nunca a Traiber” y “habrá que preguntarse quién tenía la obligación”, relata el magistrado.
Según la normativa invocada por el juez, “ambas” administraciones “son competentes” y “habrá que investigar si los poderes públicos dejaron desamparados” a los pacientes afectados por prótesis caducadas, en mal estado o sin homologar de Traiber.
El juez remacha que esas piezas defectuosas “no se colocaban en un chiringuito o en un sótano”, sino en una veintena de hospitales públicos y clínicas privadas de Cataluña.
El magistrado insta a los dos organismos que considera competentes en inspecciones a que respondan “a la mayor brevedad” con un “sí” o un “no” a la cuestión de si inspeccionaron a Traiber desde su constitución hasta el 17 de septiembre del 2014, día en que la empresa cerró por orden de las autoridades sanitarias.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que el juez oficializará la identificación de todas las prótesis caducadas, dañadas o sin homologar para que los afectados dispongan del máximo de información posible y no queden indefensos.
De hecho, a partir de la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española del Medicamento en octubre del 2014, los centros sanitarios ya han llamado a los implantados a realizar revisiones.
Sin embargo, el juez recoge el testimonio de afectados que, en el caso del Hospital de Sant Joan de Reus, les negaban el acceso a todo el expediente clínico.
El instructor también expresa en su auto que las indemnizaciones pueden ser “inusitadas por el volumen de las víctimas y la trascendencia de los daños presuntamente irrogados” y señala que los afectados se extienden también a Portugal, Francia e Italia.
De los 6.000 afectados que constan en España, en once comunidades autónomas, el Hospital de Sant Joan de Reus concentra 1.800 pacientes y, de momento, 28 han denunciado su caso ante los tribunales y se han constituido en una suerte de plataforma.
A esta plataforma la representa el abogado especializado en prótesis defectuosas Emilio Ortiz, que ha expresado su “extrañeza” por el escaso número de demandas pese al volumen de afectados y que achaca a la “falta de información”.
El juez Diego Álvarez de Juan implica a 60 personas, 47 de ellas médicos, como presuntas autoras de los delitos de prevaricación, malversación, alteración de precios de subastas públicas y blanqueo de capitales.
También existen indicios, según el auto judicial, de cohecho, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, estafa, falsedad documental, corrupción entre particulares y fraude a la administración.
Por su parte, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) ha pedido hoy al juez que “aclare cuanto antes la imputación masiva de médicos” y le ha reprochado la difusión de la lista de “médicos de prestigio sin notificarlo antes a los interesados”.
El CCMC ha pedido hoy celeridad para aclarar si la investigación “está motivada por una infracción administrativa o si se trata de una acusación por daños demostrados sobre la salud de los pacientes a los que se hayan implantado estas prótesis”.
