Cuando se cumplen cuarenta años de la muerte de Franco, las víctimas se agarran a la justicia argentina donde se instruye la única causa abierta en el mundo que persigue los crímenes de la dictadura, una quimera para los tribunales españoles, sin investigaciones ni condenados por el franquismo.
La Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos son los obstáculos que hasta la fecha dificultan el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo en nuestro país, con una excepción: la investigación que impulsó el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y que cerró el Tribunal Supremo en 2012 tras juzgar al magistrado por prevaricación, delito del que fue absuelto.
“Fue el sello de la impunidad”, señala a Efe Miguel Ángel Muga, abogado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que afirma que el alto tribunal “aprovechó la sentencia de Garzón para advertir al resto de jueces de no investigar los crímenes”.
Y explica: “El Supremo no sentó jurisprudencia pero defendió la validez de la Ley de Amnistía y afirmó que en caso de que los crímenes del franquismo fueran tipificados de lesa humanidad, no podrían investigarse porque fueron cometidos antes de 2004, fecha en la que esta figura se incorporó al Código Penal español”.
No lo entienden así las víctimas, que se agarran a los dos informes de 2014 elaborados por la ONU que sostienen que en España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1939-1975), que incluyen tortura, desapariciones, ejecuciones y robos de bebés.
“Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables”, asegura Muga, quien como todas las víctimas del franquismo ya solo mira a Argentina. Concretamente a la jueza Maria Servini.
Esta magistrada instruye en virtud del principio de la justicia universal el único proceso judicial que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura, popularmente conocida como la ‘querella argentina’, que en 2010 presentaron más de cien asociaciones por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad”.
No obstante, las víctimas reconocen que su recorrido es tan complicado como utópico, si bien muchas se declaran felices por ser escuchadas por un juez en los últimos años de su vida, como así sucedió con dos nonagenarias que pudieron contar su relato en la Audiencia Nacional el pasado año. Pero aquí acaba la historia.
Las víctimas denuncian que no hay voluntad de las autoridades españolas para ir más allá. “Ni Fiscalía ni Gobierno van a colaborar y los jueces ya saben lo que le pasó a Garzón”, asegura Muga, que recuerda que España rechaza extraditar a los acusados por la Justicia argentina, incluidos varios exministros.
Al margen de la querella, insisten en continuar con sus reivindicaciones en España, más aun en período electoral: Creación de una Comisión de la Verdad, reconocimiento jurídico y político y una fiscalía especializada que investigue y juzgue los crímenes.
Más de 70 colectivos y asociaciones de víctimas del franquismo elaboraron una carta que entregaron hace unas semanas a los partidos políticos, para que estas peticiones sean incorporadas a sus programas electorales. No quieren ser, dicen, “víctimas de segunda”.
Defienden la misma tesis de Servini: “Hay más de un juez que quiere investigar los crímenes”, señaló en uno de sus viajes a España para pedir colaboración al Gobierno y tomar declaración a víctimas. “Tarde o temprano llegará ese momento”, aseveró.
Lejos queda ya el único juicio celebrado por un crimen cometido en la dictadura por la muerte en 1969 del estudiante Enrique Ruano. Fue en 1996 cuando el Supremo reabrió el caso contra tres policías, que luego fueron absueltos.
“Solo nos queda Argentina porque en España todo está cerrado”, lamenta el letrado.
Rafael Martínez.
