El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha dejado hoy en libertad a ocho de los nueve detenidos este miércoles en Barcelona por su pertenencia a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), aunque a todos ellos les imputa un delito de integración a organización terrorista.
Para eludir la prisión, seis de los ocho que han quedado en libertad han tenido que abonar previamente una fianza de 5.000 euros, en cinco de los casos, y de 4.000 euros, un sexto, con lo que en total han pagado 29.000 euros por medido de trasferencias bancarias, han informado fuentes jurídicas.
Los otros dos a los que no se ha puesto ningún tipo de fianza, el magistrado les ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado más próximo a su domicilio.
Tanto al único que ha ingresado en prisión incondicional como a los ocho que han quedado en libertad, el juez les imputa un delito de integración a organización terrorista por integrar los GAC, y se les considera responsables de acciones de terrorismo de tipo “anarquista insurreccionista”.
Las detenciones, a las que acompañaron registros en ocho locales y viviendas okupadas de Barcelona, son continuación de la llamada operación Pandora, que el pasado mes de diciembre se saldó con la detención de 11 personas en Madrid, Barcelona, Manresa y Sabadell (Barcelona) como responsables de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación casera durante los años 2012 y 2013, aunque desde hace meses se encuentran en libertad con cargos.
Los Mossos d’Esquadra procedieron a la detención de todos ellos como autores de un delito de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista, ya que se les acusa de estar vinculados a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) y se les atribuye la preparación de actos terroristas con artefactos caseros, aunque finalmente no se les ha imputado delitos de tenencia de explosivos.
En la primera fase de la operación Pandora, el pasado mes de diciembre, los Mossos d’Esquadra detuvieron a once personas, siete de las cuales ingresaron en prisión por orden del juez instructor pero quedaron en libertad tras pagar la fianza de 3.000 euros que les impuso el anterior titular del juzgado, el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
En su auto, el juez concluyó que había indicios de que los miembros de los GAC podrían ser autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación casera en toda España, con los que pretendían “desestabilizar el Estado y alterar gravemente la paz pública”.
Estas nuevas detenciones provocaron malestar en la CUP, que reprochó al Gobierno en funciones de Artur Mas que, a través de la policía autonómica, ejecute las órdenes de la Audiencia Nacional.
