La tramitación de la declaración independentista de Junts pel Sí (JxS) y la CUP ha quedado paralizada momentáneamente por una maniobra de algunos partidos de la oposición -C’s, PSC y PPC-, lo que podría aplazar su aprobación hasta después del primer pleno de investidura del presidente de la Generalitat.
Esos tres partidos han logrado frenar durante unos días la propuesta de resolución independentista, que Junts pel Sí y CUP pretendían aprobar en un pleno extraordinario antes de la primera sesión de investidura.
La maniobra de C’s, PSC y PPC podría evitar que su aprobación en un pleno extraordinario se produzca antes del debate de investidura, que como muy tarde se celebrará en la simbólica fecha del 9 de noviembre, cuando se cumple un año de la consulta alternativa independentista.
Sin embargo, más allá de este "bloqueo" temporal, la oposición no ha conseguido que la Mesa del Parlament aceptara pedir un informe jurídico a los servicios de la Cámara, para que se posicionaran sobre la adecuación de la declaración independentista a la Constitución y el Estatut.
A esta petición de informe se han opuesto tanto los cuatro miembros de JxS en la Mesa como también el de SíQueEsPot, argumentando que no era necesario, dado que los letrados forman parte de la Mesa y asisten a este órgano en sus decisiones, según fuentes parlamentarias.
Referendo
En una larga reunión de la Mesa del Parlament esta mañana se ha admitido a trámite por la vía de urgencia tanto la declaración independentista de JxSí y la CUP como también una propuesta de resolución de SíQueEsPot para que el Parlament lleve a las Cortes en el primer trimestre de 2016 una iniciativa de reforma de la ley de Referendos para que Catalunya decida su futuro.
Pero la declaración independentista queda frenada por el momento, al haberse admitido a trámite por procedimiento automático la petición de reconsideración de la propuesta, que habían solicitado hoy a primera hora tanto C’s como el PSC, apoyadas por el PPC.
La encargada de resolver dicha reconsideración será la Junta de Portavoces, pero es precisamente en este punto donde radica la estrategia de los partidos de la oposición para paralizar por unos días la propuesta de resolución de JxS y la CUP.
Y es que, según esgrime la oposición en base al reglamento, la Junta de Portavoces no se puede reunir hasta que todos los grupos parlamentarios estén constituidos, algo que aún no ha formalizado el PPC, que cuenta con 8 días hábiles a partir del día después del pleno de constitución del pasado lunes.
De apurar el calendario al máximo para formalizarse como grupo, el PPC dispondría de plazo hasta el viernes 6 de noviembre a primera hora de la mañana para su constitución, por lo que la Junta de Portavoces y la Mesa se podrían reunir ese mismo día y, entonces, se abriría un plazo de dos días hábiles para presentar enmiendas a la propuesta.
Esto provocaría que el pleno extraordinario en el que JxS y CUP prevén aprobar la propuesta resolución para el inicio del proceso hacia la independencia se retrasara por lo menos hasta el martes 10, no coincidiendo así con el debate de investidura, que como muy tarde se celebrará el 9 de noviembre.
Pero en este juego de estratagemas cruzadas, JxS también estudia cómo conseguir que el pleno extraordinario se celebre antes o al menos el mismo día del debate de investidura del 9 de noviembre.
Por ello, se están considerando dos posibilidades desde JxS: una, analizar si cabe en el reglamento la posibilidad de convocar la Junta de Portavoces aunque el PPC no se haya constituido aún, pero invitando a sus diputados para resguardar así su derecho a ser escuchados.
Y, en segundo lugar, opción que por ahora parece menos probable, que la Mesa habilitara el sábado 7 como día de presentación de enmiendas y así conseguir que el pleno extraordinario se pueda celebrar al menos el día 9.
Más allá de los aspectos formales, desde C’s y PSC se recuerda que la Mesa puede impedir que se tramiten iniciativas parlamentarias cuando se considere que chocan con la legalidad, rememorando cuando en 2010 la propia Mesa impidió que se tramitara la Iniciativa Popular (IP) auspiciada por Alfons López Tena que pretendía convocar un referéndum de autodeterminación.
