El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso del 3 % ha dejado hoy en libertad con cargos y ha retirado el pasaporte al director general de Infraestructuras.cat de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar, detenido esta misma mañana.
Según fuentes judiciales, después de que ayer enviara a prisión sin fianza al actual tesorero de CDC, Andreu Viloca, el único de los detenidos por su presunta relación con la trama de pago de comisiones que está en prisión, el juez ha tomado hoy declaración a dos empresarios, además de Rosell y Osàcar, que se han negado a declarar ante el magistrado.
La detención de Daniel Osàcar, que dejó el cargo de tesorero en diciembre de 2010, ha elevado a doce el número de detenidos por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones, que el pasado miércoles comportó el registro de la sede de CDC y de empresas sospechosas de pagar mordidas.
Osàcar, cuya detención también estaba prevista el pasado miércoles pero que se aplazó a hoy para que le fuera menos gravosa dado su delicado estado de salud, está obligado a entregar su pasaporte al juez, que ha estimado que existe riesgo de fuga según los argumentos de la Fiscalía, que sostiene que posee bienes en el extranjero.
El pasado 28 de agosto, la Guardia Civil registró el domicilio de Osàcar por orden del juez que instruye el caso y el material intervenido en su casa ha sido clave para precipitar la tercera fase de la operación Petrum del pasado miércoles, en la que los investigadores se hicieron con la contabilidad de CDC.
Daniel Osàcar está a la espera de sentarse en el banquillo por el caso del expolio del Palau de la Música, en que afronta una petición fiscal de siete años y medio de cárcel por su papel clave en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC, a través de la entidad cultural.
Pese a ello, el presidente de la Generalitat y líder de la formación, Artur Mas, ha vuelto a asegurar hoy que mantiene la “confianza” que en su día depositó en Osàcar y Viloca, aunque ha precisado que en CDC el administrador es el único responsable de las finanzas del partido.
El riesgo de fuga, junto al de destrucción de pruebas, ha sido también esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción para pedir prisión incondicional para el director general de Infraestructuras.cat, la empresa que gestiona la obra pública de la Generalitat.
El magistrado, sin embargo, ha rechazado la medida cautelar planteada por el ministerio público y ha acordado dejar en libertad con cargos a Josep Antoni Rosell, aunque le ha retirado el pasaporte como a Osàcar y, además, le obliga a comparecer mensualmente en el juzgado.
También en libertad, con el pasaporte retirado, ha quedado el directivo de la empresa Oproler Sergio Lerma, que se sospecha pagó comisiones a fundaciones afines a CDC para lograr la adjudicación de obras y servicios públicos.
El juez ha dejado además en libertad esta mañana a Xavier Tauler, consejero delegado -desde hace un año solo con funciones consultivas- de Copisa, una empresa adjudicataria habitual de obra pública de la Generalitat.
Otro de los que han quedado en libertad con cargos tras comparecer ante el juez es Jordi Soler, directivo del Grupo Soler que se sospecha pudo pagar una comisión por la construcción de un centro cultural de Sant Fruitós del Bages (Barcelona), adjudicada en 2009 y financiada con fondos del llamado plan E, impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero.
También están en libertad con cargos desde ayer, sin comparecer ante el juez aunque con la obligación de hacerlo como imputados cuando se les cite, los dos empleados del área financiera de CDC detenidos -Carlos del Pozo, secretario del patronato de la Catdem, y Anna Dolors Benítez-, así como otros cuatro de los empresarios arrestados.
