El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que el hecho de que un magistrado haya sido miembro del Tribunal Constitucional no puede ser una “tacha” que le invalide para ejercer otras funciones a lo largo de su carrera judicial.
Ha sido la respuesta del ministro, en declaraciones en el Congreso, al informe de la Fiscalía Anticorrupción que ve acreditadas las dudas sobre la imparcialidad de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel para juzgar el caso Gürtel por sus vínculos con el PP.
Catalá ha explicado que la Fiscalía se ha limitado a elaborar un informe sobre si concurren o no causas para promover la recusación y “no califican” las circunstancias.
Simplemente, ha dicho, “ponen una serie de elementos que ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que tomar en consideración”.
Por tanto, se trata de un informe que consta en el expediente junto a los escritos de quienes piden la recusación (PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa) y de las alegaciones que han hecho los magistrados afectados, que consideran que su imparcialidad no está afectada por haber dictado una conferencia o haber ocupado un cargo en el Consejo del Poder Judicial.
“Es lógico que la Fiscalía informe en un proceso de estas características”, ha añadido el ministro, que ha afirmado que por lo que él sabe “no hay más motivos” que los que se han alegado.
Para argumentar la recusación de López, señalaban su participación en cursos impartidos en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), financiada por el PP, y en actos del mismo, así como la publicación de artículos que consideran elogiosos o afines a su ideología.
También pedían que se le apartara porque el PP le propuso para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado del Tribunal Constitucional.
En el caso de Espejel, alegaban que fue nombrada vocal del órgano de gobierno de los jueces a propuesta de este partido.
