La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que este tribunal investigue las querellas de Manos Limpias y una asociación de afectados por el falseamiento de los datos de emisiones de Volkswagen al apreciar delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.
En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, el fiscal explica que el trucaje de los motores diésel pudo afectar al territorio de más de una audiencia, lo que justifica la competencia de la Audiencia Nacional, y que las emisiones lanzadas por mismos pueden “haber causado daños sustanciales a la calidad del aire”.
Teniendo en cuenta que el uso de motores sensibles con el mediambiente es objeto de subvención pública, explica el Ministerio Público, “el engaño también podría haber supuesto el desembolso injustificado del erario público”.
El fiscal Marcelo de Azcárraga pide por ello que el magistrado requiera al Grupo Volkswagen la relación de todos los vehículos afectados en España, que la compañía ya cifró 683.626, de los cuales 221.783 corresponden a Seat, así como los comunicados que ha enviado al respecto y el organigrama en España especificando el personal y las funciones de cada uno.
Además, quiere que el grupo, que deberá nombrar abogado y procurador y designar a un representante para que comparezca en su nombre, identifique a la empresa a la que se encargó el software manipulado.
También solicita que el Ministerio de Industria aporte toda la información que haya reunido sobre el asunto, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental Estadounidense (EPA) y otras periciales, los informes que le haya aportado la compañía y el montante de las ayudas públicas que se hayan podido otorgar para la adquisición de los coches trucados.
Por último, pide que el Ministerio de Medio Ambiente entregue sus informes que haya podido realizar sobre los vehículos manipulados para determinar su grado de emisiones nocivas.
Según explica, para resolver el “reto técnico” de fabricar un motor que consuma poco y mantenga gran potencia sin desprender gases por encima del límite, Volkswagen introdujo un software a sus motores diésel 2.0 TDI, de la familia EA 189.
Ese programa es capaz de detectar cuándo el vehículo está siendo testado para reducir sus emisiones contaminantes, de forma que se adapten a los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.
Sin embargo, ya fuera del banco de pruebas y en condiciones de funcionamiento normal, los coches emitían gases muy por encima de los límites permitidos, incluso de 40 veces más, un extremo que en la realidad les inhabilitaría para circular.
Por todo ello, el Ministerio Público pide que se investiguen los hechos denunciados por Manos Limpias y la Asociación Internacional Antifraude para la defensa de Afectados de Motores Volkswagen, ya que aprecia varios delitos de defraudación, en concreto estafa y publicidad engañosa, así como fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.
