El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asumido hoy ante el juez toda la responsabilidad en la organización del 9N, como “único promotor político” de la consulta, pero ha alegado que finalmente su “ejecución” quedó en manos de voluntarios sin que ninguna autoridad del Estado la impidiera.
Según han informado fuentes judiciales, Mas ha declarado durante algo más de una hora ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, que le ha imputado por organizar la consulta alternativa del 9N, en un interrogatorio en el que se ha negado a contestar las preguntas de la Fiscalía, como hicieron la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta Joana Ortega.
Tras avisar de que no iba a contestar al ministerio público por entender que la querella es una “imposición” de la Fiscalía General del Estado en contra del criterio de los fiscales del TSJC, Mas ha iniciado su declaración con un discurso de unos diez minutos en que se ha declarado único responsable de la organización del 9N, una consulta que en su opinión obedecía al “mandato” del Parlament y que era “el hito fundamental de la legislatura”.
El presidente de la Generalitat ha pedido al juez que no busque a otros responsables de la organización del 9N entre sus subalternos en la administración, porque se considera responsable único del proceso participativo, de la misma forma que fue “corresponsable” junto a los miembros del Govern de paralizar la primera consulta que suspendió el Tribunal Constitucional.
No obstante, Mas ha asegurado que el 4 de noviembre, en que el Constitucional suspendió la consulta alternativa, había acabado ya la actividad de apoyo logístico de la Generalitat a la votación y su ejecución quedó exclusivamente en manos de voluntarios, aunque con los medios prestados por la administración.
Mas ha cuestionado ante el juez que el Govern sea el único encausado por no impedir la consulta del 9N, cuando otras autoridades que tenían competencias para evitarla no hicieron nada, y ha proclamado que no entiende por qué tiene que dar explicaciones de su gestión ante un tribunal, cuando a su parecer se trata de un asunto político.
De hecho, ha resaltado el president según las fuentes consultadas, la imposibilidad de celebrar una consulta de independencia con todas las garantías legales ha abocado a Cataluña a las elecciones del pasado 27 de septiembre.
Según el president, los pasos que el Govern dio después de que se suspendiera la consulta alternativa fueron fruto de una decisión “muy meditada”, en la que se analizó la resolución del Tribunal Constitucional y sus consecuencias, así como la actuación de las autoridades estatales.
En ese sentido, Mas ha asegurado que la Generalitat permaneció “expectante” ante cuál podría ser la reacción del Gobierno a la suspensión, pero observó que el Ejecutivo menospreciaba la consulta: el 7 de noviembre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntó a que no se prohibiría y el 8 de noviembre el presidente Mariano Rajoy la descalificó quitándole relevancia, ha apuntado.
Según Mas, la Generalitat podría haber intentado paralizar la consulta hasta el propio día 9 de noviembre, pero observó que “nadie hacía absolutamente nada”, ni el TC acudió a la jurisdicción ordinaria para garantizar que se ejecutara su suspensión ni las autoridades “con competencia directa” actuaron.
Por ese motivo, el presidente catalán ha dicho no entender que se considere al gobierno catalán como la única autoridad que tenía obligación de interrumpir el proceso participativo.
Otro de los argumentos esgrimidos por Mas es que la resolución en que el TC suspendió el 9N no incluía ningún requerimiento que advirtiera a la Generalitat de las consecuencias legales de su incumplimiento y el tribunal no respondió cuando los servicios jurídicos del Govern le pidieron que aclarara qué actos concretos quedaban prohibidos.
A partir del 4 de noviembre, ha insistido Mas, la consulta cambió de “formato” respecto a la inicialmente diseñada y fueron voluntarios con garantías, algunos de ellos con la doble condición de funcionarios, los que asumieron la ejecución del proceso.
Mas ha admitido que se permitió que se usaran centros educativos públicos para albergar las urnas, pero ha destacado que escuelas municipales o concertadas que no dependen de la administración catalana también lo hicieron, y que el CTTI intervino en la gestión de los datos de la votación del 9N, entidad -ha subrayado- que está operativa todos los días del año.
