El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha opinado que los actos de apoyo a los imputados por el 9N son un “ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial” y un cuestionamiento “aún más inadmisible” cuando responde a una estrategia diseñada por cargos públicos.
En un comunicado remitido a los medios, la sala de gobierno del TSJC alerta de que “cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política”.
La sala de gobierno del TSJC ha remitido este comunicado instantes después de que la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, igual que la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau a primera hora de la mañana, haya acudido a declarar como imputada por el 9N, arropada por el gobierno catalán casi en pleno y ante centenares de manifestantes, entre gritos de “independencia”.
El TSJC manifiesta que “no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones”.
“Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional”, sostiene la nota de la sala de gobierno del TSJC.
Para el alto tribunal catalán, la independencia judicial “no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos”, por lo que “su cuestionamiento resulta aún más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno”.
“En ese sentido, la sala quiere recordar el deber de no injerencia que vincula especialmente a aquellos que forman parte de otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político”, prosigue el comunicado del TSJC.
Para los magistrados del alto tribunal catalán, “solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución”.
“Y en esa medida reclamamos responsabilidad a aquellos que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad”, sostiene la sala de gobierno del TSJC.
El comunicado admite que todas las decisiones jurisdiccionales que adopten los jueces “están sometidas al control y a la crítica pública”, pero insiste en que, “como garante de la justicia, valor fundacional del Estado Constitucional”, la acción de la justicia “necesita de la confianza de la sociedad, fuente, además, de su legimitidad”.
