Las asociaciones de bebés desaparecidos entre 1940 y 1990 en España piden al nuevo gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre que tenga “voluntad política” para investigar de forma “exhaustiva” los miles de casos de niños robados.
Las principales asociaciones de Madrid han convocado hoy una concentración en la puerta del Sol para denunciar que el 90 % de los casos judiciales hayan sido archivados y piden que el Gobierno reconozca estas desapariciones como delitos de lesa humanidad, para que no prescriban.
La presidenta de la “Asociación todos los niños robados son también mis niños”, Soledad Luque, ha lamentado, en declaraciones a EFE, que “no haya ni una sola persona juzgada” y que sólo existan imputados.
Recuerda que de las 1.800 denuncias que se han realizado en toda España, se han archivado unas 1.500 cuando en muchos casos “hay pruebas muy contundentes, como pueden ser exhumaciones”.
Luque, que busca a su hermano mellizo nacido en 1965 en el hospital de O’Donell, afirma que es necesario que la sociedad sea consciente de estos casos y denuncien, porque el número de afectados es “incalculable”.
La respuesta del Gobierno ha sido siempre nula. Pretenden dar una solución administrativa con la creación de una oficina para intercambiar información y esto no es suficiente. Incluso para algunos afectados ni siquiera es fiable”, añade.
En el mismo sentido, el presidente de la “Asociación adelante bebés robados”, Ángel Casero, señala que debe haber un ente judicial que se dedique exclusivamente a estos casos y una base de datos de ADN única en todo el territorio.
“Las pruebas de ADN nos las tenemos que seguir pagando”, incide Soledad Luque, que urge una estadística que sea fiable, y recuerda que las asociaciones españolas se han tenido que sumar a una querella argentina contra los crímenes del franquismo para poder investigar esta causa.
Por su parte, Casero cuenta a EFE que su madre tuvo 14 hijos, y que su hermano nacido en 1967 desapareció en la Casa de la Madre, en Madrid.
“Creemos que un nuevo gobierno nos puede ayudar pero con compromiso en su programa electoral y no hacer luego oídos sordos. Sabemos que nuestros casos pueden llevar tiempo pero no nos importa esperar”, afirma.
Otro caso es el de María Cristina Moracho, que en mayo de 1984 dio a luz a un bebé en su casa y horas después de ser trasladada al hospital Clínico San Carlos con su hijo vivo, le dijeron que había fallecido y se negaron a mostrárselo.
“Cuando me dieron el alta, los médicos y enfermeras me decían que era muy joven y que ya tendría más hijos. Que dejara de llorar, que tenía una niña de 15 meses que me necesitaba”, recuerda.
“Justicia y Verdad” es uno de los lemas principales que hoy mostraban en Madrid decenas de afectados que pedían sensibilización social, política y judicial.
Así, Eusebio y Agustina contaban a los transeúntes cómo su tercer hijo fue presuntamente robado tras nacer en la Clínica de La Milagrosa.
“Enterré a un bebé que vi que no era el mismo que había nacido”, afirma el padre, que denuncia que en el hospital le dieron un certificado médico “falso” y que tampoco aparece el registro de su hijo.
