La Fiscalía considera que habría sido “poco sensato” que el juez que investiga el 9N hubiera interrogado al presidente catalán, Artur Mas, “en pleno proceso de formación de la voluntad popular”, por lo que ve adecuado que el TSJC haya respetado el “proceso electoral” y le haya imputado tras el 27S.
En una nota, la Fiscalía Superior de Cataluña advierte que atribuir una “intencionalidad política” a la fecha fijada por el magistrado para interrogar a Mas, el próximo 15 de octubre, relacionándola “con presiones de otros poderes del Estado e incluso con connotaciones históricas (coincide con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys), atenta gravemente contra la independencia del Poder Judicial y contra el propio sentido común”.
Según la Fiscalía, la fecha elegida por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) “ha respondido adecuadamente tanto a la necesidad de recoger un mínimo de evidencias sobre los hechos objeto de la investigación como al respeto al reciente proceso electoral”, ya que habría resultado “ciertamente poco sensato” recibir declaración a Artur Mas como imputado “en pleno proceso de formación de la voluntad popular”.
Tan sólo dos días después de las elecciones catalanas del 27S, el juez del TSJC que instruye la causa sobre la consulta del 9N acordó ayer citar como imputado al presidente en funciones de la Generalitat, así como a las dos otras querelladas: la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera en funciones de Enseñanza, Irene Rigau, que comparecerán el próximo 13 de octubre.
La Generalitat denunció ayer que estas imputaciones suponen un “juicio político” a Mas, mientras que los partidos y las asociaciones independentistas alertaron sobre un uso partidista de las instituciones y lamentaron que la fecha elegida fuera el 15 de octubre, coincidiendo con el 75 aniversario del asesinato del expresidente Lluís Companys.
Por el contrario, la Fiscalía Superior de Cataluña ha exigido hoy respeto a la independencia judicial y ha deplorado “las actuaciones que, desde ámbitos políticos y mediáticos y de forma interesada, cuestionan su legitimidad”.
En la nota, la Fiscalía considera “ineludible” salir al paso de algunas “afirmaciones mediáticas y políticas” y aclara que el ministerio público defendió ante el magistrado instructor, Joan Manel Abril, que no correspondía interrogar a Mas en plena campaña electoral, “como alguna parte pedía”.
“La Fiscalía actúa como defensora de la legalidad, del interés público y de los derechos de los ciudadanos, manteniéndose en la más estricta imparcialidad, ajena por completo al juego político”, remarca el escrito.
En la nota, la Fiscalía Superior remarca que, en un procedimiento penal, la declaración de los querellados en calidad de imputados “es una exigencia legal, consecuencia necesaria de la admisión de la querella por un órgano judicial”.
“El momento en que dicha declaración haya de tener lugar es facultad del magistrado instructor, quien lo decide ponderando las exigencias de la investigación y los derechos de los propios querellados”, agrega el escrito.
En plena campaña electoral, Mas, Ortega y Rigau solicitaron al TSJC que no se acordara ninguna nueva diligencia de investigación ni testifical por la querella del 9N hasta que comparecieran como imputados ante la justicia.
El juez finalmente accedió ayer a su planteamiento y decidió tomarles declaración como imputados antes de seguir con las demás testificales, que han sido fijadas para el 19 de octubre, entre ellas las de una directora de instituto que denunció presiones de la Generalitat por negarse a abrir su centro para la votación y la de la responsable del Centro de Reinserción (CIRE), dependiente de la conselleria de Justicia, que encargó la confección de las papeletas y urnas del 9N a presos de la cárcel de Lleida.
