El 9 por ciento de los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal afirma haber sufrido presiones externas en la tramitación o en el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción, según la VI Encuesta a la Carrera Judicial.
La encuesta ha sido elaborada a petición del Consejo General del Poder Judicial por SigmaDos mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8 por ciento de la carrera judicial, informa el CGPJ. En el apartado del sondeo dirigido a los miembros del orden jurisdiccional penal, de los que dicen haber sufrido presiones en casos de corrupción el 51 por ciento sitúa su origen en los medios de comunicación; el 43 por ciento en los políticos y el 26 por ciento en particulares.
El 67 por ciento asegura que reaccionó haciendo caso omiso de esas presiones, mientras que el 7 % se dirigió al CGPJ, el 14 % no contestó a esta cuestión y un 12 % optó por otras soluciones que la encuesta no especifica.
En este apartado de la encuesta se pregunta sobre trece posibles reformas procesales, muchas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción y la mayoría está a favor de las mismas pero se opone a atribuir la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal.
En concreto, la gran mayoría, el 86 por ciento, está a favor de la creación de unidades periciales dependientes de los juzgados con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción.
El 79 por ciento aboga por la revisión de los privilegios como declarar por escrito o en su despacho que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos y el 66 por ciento por sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política.
El 60 por ciento se muestra favorable a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica así como a prohibir a los partidos el ejercicio de la acción popular en estos procedimientos.
El 59 por ciento apoya que estas causas, incluidas las que afectan a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado.
La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la carrera judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con un juez de garantías, al mostrarse en contra el 52 por ciento frente a un 41 por ciento a favor.
Tres de cada cuatro jueces consideran que el CGPJ no defiende de manera suficiente la independencia judicial aunque el 50 por ciento opina que no cuenta con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz y el 52 por ciento considera que las administraciones no colaboran con el Consejo.
Por otra parte, el 68 por ciento de los jueces cree que el traspaso de competencias a las comunidades autónomas no ha sido beneficioso para la justicia frente al 13 por ciento que opina que sí.
El 72 por ciento cree que en la carrera judicial no existe discriminación interna por razón de género y el 65 por ciento rechaza que se establezca una cuota de nombramiento para mujeres. En la actualidad las mujeres suponen el 52 por ciento de los miembros en activo de la carrera judicial.
En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia solo el 15 por ciento de los que trabajan en alguna de las comunidades autónomas con alguna propia dicen tener dificultad en su utilización.
Ese porcentaje baja al 13 por ciento en Cataluña, al 12 por ciento en la Comunidad Valenciana, al 10 por ciento en Baleares y al 5 por ciento en Galicia.
Por el contrario, el 54 por ciento de los jueces destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera mientras que el 43 por ciento contesta que no.
