Las asociaciones de jueces y fiscales se muestran divididas ante la propuesta del PP para que el TC sancione el incumplimiento de sus sentencias, una medida que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ve como "lógica", pero que colectivos más críticos han rechazado por verla "innecesaria".
Los jueces y fiscales han reflejado así su opinión respecto a la última proposición de ley urgente que ha registrado esta mañana el PP en el Congreso, en la que propone que el Tribunal Constitucional (TC) tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias, con el objetivo de que "nadie apruebe la independencia de Catalunya".
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado a Efe que el TC ya tenía una capacidad "ejecutiva", por lo que ha considerado "lógica" esta iniciativa, un argumento con el que también ha coincido Emilio Frías, el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF).
El PP ha registrado la iniciativa por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada antes de que concluya la legislatura, un mecanismo que para Llarena es "democráticamente válido", como cualquier herramienta de tramitación legislativa.
En este sentido, ha restado importancia a los reproches de quienes, en su opinión, arremeten contra la iniciativa porque no les conviene políticamente.
Consenso
Una de las asociaciones más críticas respecto a la proposición del PP ha sido Jueces para la Democracia (JpD), cuyo portavoz, Joaquim Bosch, ha opinado que una reforma de esta magnitud debería contar con un consenso "muy amplio" de fuerzas políticas y con una reflexión adecuada.
Esas premisas son para el portavoz de JpD "poco compatibles" con el carácter urgente con el que se ha registrado la propuesta, por lo que no se entiende, ha afirmado Bosch, que se quiera aprobar al final de la legislatura, "con prisas" y sin los informes pertinentes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Ha mostrado su preocupación además ante el hecho que un tribunal "tan politizado como el TC" tenga competencias ejecutivas de sanción, especialmente cuando, a su entender, la justicia ordinaria ya tiene mecanismos para velar por el cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales.
Para Bosch, provoca "cierta preocupación" que el PP piense que el TC va actuar a su dictado en situaciones hipotéticas, como en las relacionadas con el proceso soberanista en Catalunya, y refleja la poca independencia del tribunal.
Por su parte, el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha considerado que no se pueden atribuir facultades contenciosas a un tribunal que tiene las funciones marcadas de definir si una ley o una disposición judicial es constitucional o no.
"Estamos acostumbrados a este uso indebido de las reformas legales para solucionar problemas políticos como el del nacionalismo catalán", ha criticado Sexmero, a la vez que ha reiterado que atribuir a este órgano facultades ejecutivas supone "mezclar las cosas".
Sexmero ha coincidido con Bosch en que la justicia ordinaria ya vela por que se hagan efectivas las decisiones judiciales, aunque ha propuesto que se cree un sistema alternativo para garantizar definitivamente el cumplimiento de las sentencias de tribunales como el Constitucional.
