El Ministerio de Justicia negó la indemnización a una víctima de violencia machista cuya hija de 7 años fue asesinada por el padre en 2003 en una visita sin supervisión, un caso que llegó a la ONU, organismo que pidió “una indemnización integral y proporcional” a la gravedad de los hechos.
Ángela González, madre de la menor, estuvo más de diez años pleiteando en varios tribunales de justicia sin éxito, tras haber denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, que no le fueron concedidas.
Fue la organización Women’s Link Worldwide la que presentó una demanda en septiembre de 2012 en nombre de Ángela González ante Naciones Unidas que, tras estudiar el caso, concluyó que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la niña por el maltratador y reprobó al Estado español por no haberlas protegido, no castigar al agresor y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, justificó ayer el rechazo de la indemnización al considerar que “no ha quedado acreditado” el “mal funcionamiento de la Justicia”, e insistió en que ” no podemos generar una responsabilidad patrimonial cuando no hay concurrencia de los requisitos suficientes”.
