Todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley que reforma el Código Penal al estimar que la prisión permanente revisable que regula es una "cadena perpetua encubierta" que esperan derogar en la próxima legislatura.
El recurso contra dicha norma, que entrará hoy en vigor, ha sido firmado este mediodía en la Cámara Baja por los diputados Miguel Ángel Heredia (PSOE), Carles Campuzano (CDC), Antoni Picó (UDC), José Luis Centella (Izquierda Plural), Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Aitor Esteban (PNV), Olaya Fernández (BNG), Joan Balldoví (Compromís) y Rafael Calduch (UPyD).
Los recurrentes alegan que la prisión permanente revisable vulnera cuatro artículos de la Constitución, en concreto el 15.1, que prohíbe penas inhumanas; el 17, que regula el principio de proporcionalidad; el 25.1, ya que no es una pena determinada sino que se prolonga en el tiempo incluso hasta la muerte del reo, y el 25.2, al restringir la posibilidad de reinserción.
Tras la firma del recurso el diputado del grupo socialista, el que ha elaborado el recurso, Miguel Ángel Heredia, dijo que se impugnan doce artículos del Código Penal que regulan esa nueva pena.
"La cadena perpetua que quiere el PP no se va a aplicar nunca en nuestro país. El PP se cree perpetuo pero no lo es y en cuanto que Rajoy salga del Gobierno habrá una nueva mayoría que derogará la imposición que hace frente a todos los grupos", añadió.
Explicó que la nueva pena contradice los referidos artículos de la Constitución, el primero el 15.1 que establece la prohibición de penas inhumanas y puso como ejemplo que "tampoco la pena de muerte sería constitucional si se la sometiera a la condición de ser revisada en un determinado plazo".
Añadió que la prisión permanente revisable vulnera los principios de proporcionalidad y de culpabilidad y el derecho a la libertad que regula el artículo 17 de la Constitución, ya que a diferencia de otras el tribunal no puede graduar esta pena en función de la gravedad del delito cometido ni permite que no se imponga atendiendo a las circunstancias personales del autor.
En tercer lugar dijo que es contraria al principio de legalidad penal del artículo 25.1 de la carta magna "porque no es una pena determinada y podría prolongarse hasta su muerte".
Por último, indicó que es contraria al mandato del artículo 25.2 de la Constitución por cuanto prácticamente restringe la posibilidad de reinserción, que no es posible al producirse la primera revisión a los veinticinco años.
El representante de CDC, Carles Campuzano, calificó la reforma de "populismo penal" mientras que el de UDC, Antonio Picó, consideró que endurece penas e introduce matrices ideológicos como la prisión permanente revisable.
