Impedir un desahucio, alterar gravemente el orden público en las proximidades del Congreso, escalar un monumento, acampar en la Castellana o okupar una entidad bancaria serán a partir de hoy miércoles motivo de sanción, de cien a 600 mil euros, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Calificada como ley "mordaza" y cuestionada por toda la oposición y las organizaciones sociales, el texto que se aplicará a partir de hoy culmina una andadura de año y medio desde que el Ministerio del Interior lo presentara a finales de noviembre como su proyecto estrella de la legislatura.
Y aunque ha sido suavizado en su tramitación parlamentaria, rebajando incluso la gravedad de algunas conductas que sanciona, la ley salió finalmente de las Cortes con el solo apoyo del Partido Popular, el anuncio de derogación si otros partidos llegan al poder y con un recurso ya presentado de inconstitucionalidad.
Pero también con uno de los aspectos más polémicos que la oposición tampoco logró frenar: la legalización de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes a través de una disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería.
A pesar del rechazo, Interior ha mantenido que la ley es más garantista que la norma que sustituye -la conocida como ley Corcuera o de la patada en la puerta-, que respeta plenamente la Constitución y deja menos margen a la discrecionalidad.
Redadas
El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz presume de que por primera vez se prohíben por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, se regulan los cacheos y se fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas solo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos.
¿Qué sanciona la ley? 44 conductas calificadas de muy graves (4) -prescriben a los dos años- graves (23) -caducan al año- y leves (17) -se extinguen a los seis meses-. Las dos primeras se modulan en grado máximo, medio y mínimo, y como norma general se impondrá la cuantía más pequeña.
