El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata para que declare el 7 de julio como imputado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo en relación a los tuits que escribió en 2011 desde su cuenta personal.
Pedraz ha citado también para ese mismo día a Irene Villa, en calidad de testigo, por ser la víctima del delito de humillación, si bien le ha indicado que puede pedir el cambio de la fecha si no quiere coincidir con Zapata, citado ese día un cuarto de hora antes.
El juez admite así, a petición de la fiscal Blanca Rodríguez, la querella que interpuso contra Zapata la asociación Dignidad y Justicia a la que no obstante Pedraz reclama 20.000 euros de fianza para dejar que se persone como acusación.
"Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos" es uno de los mensajes que, para la Fiscalía, es "objetivamente vejatorio y humillante para la destinataria víctima del terrorismo, en particular, y en general para todas las víctimas que de una forma u otra lo han sido del terrorismo de la organización terrorista ETA".
El otro tuit en el que se basa la querella y que, según la fiscal Blanca Rodríguez, "puede implicar incitación al odio y a la violencia", lo escribió el mismo día y reza: "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero".
La fiscal cree que estos hechos se pueden enmarcar en el delito de humillación a las víctimas del artículo 578 del Código Penal, que conlleva una pena máxima de 2 años de cárcel.
Este artículo, recuerda la representante del ministerio fiscal, castiga "la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares", unos actos que, recuerda, "generan la perplejidad e indignación de la sociedad que les hace merecedores de reproche general".
Para la fiscal, que cita la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, este tipo de comentarios afectan "directamente a su honor como víctimas y a su dignidad" y constituyen una frontera al derecho fundamental a la libertad de expresión.
Ahora, el juez Pedraz, que ha impuesto a Dignidad y Justicia una fianza de 20.000 euros para personarse en el procedimiento, tendrá que decidir si cita al concejal como imputado por este delito.
