Serafín Castellano fue cesado ayer como delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras ser detenido en una operación por supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de la destitución en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que informó de que el sustituto se nombrará en próximas fechas.
Sáenz de Santamaría aseguró que “tan pronto como se ha tenido información de que se iniciaba una investigación judicial” en torno a Castellano, se ha procedido a su destitución “inmediata”.
Respecto al nuevo delegado, explicó que se acordará una vez que se redacte el informe de idoneidad obligatorio tras la entrada en vigor de la nueva normativa de los altos cargos.
Este informe, exigido al acceder al puesto y a su salida para comparar su situación patrimonial, es una de las medidas aprobadas este año por el Gobierno en materia de regeneración democrática, por lo que no se pudo aplicar al caso de Castellano. No obstante, recordó que las irregularidades en el patrimonio las investigan los jueces y cuando decretan alguna medida, es cuando el Gobierno pasa a tener conocimiento.
“No se puede sustituir la labor judicial en estos casos. Una vez conocida la investigación, se ha producido el cese inmediato. Es como se tiene que actuar y así lo hemos hecho”, apuntó Santamaría.
Asimismo, la dirección del PP de la Comunitat Valenciana acordó ayer la suspensión cautelar de militancia del partido de Castellano, detenido ayer por supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación.
La medida adoptada se debe a la alarma social suscitada con esta detención, ordenada por un juzgado de Sagunto y relacionada con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF.
En un comunicado, el partido asegura que la decisión, acordada por el presidente del Comité regional de Derechos y Garantías, Alfredo Castelló, y la vicesecretaria del mismo, Tania Ortiz, conlleva también la apertura de un expediente informativo a Castellano con nombramiento de instructor.
“Los hechos que se han conocido conculcarían, al menos y sin ánimo de exhaustividad, lo previsto en el artículo 13.1.i) de los actuales Estatutos del partido al actuar en el ejercicio de un cargo público en forma contraría a los principios del Partido”, añade.
Recuerda que según el reglamento del PPCV, todo cargo público y orgánico del partido “ha de observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización la que pertenecen”.
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