El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 4 años de cárcel para el exconseller de Gobernación de la Generalitat durante el tripartito Jordi Ausàs (ERC), por su "particular relevancia" en un grupo criminal que se dedicaba al contrabando de tabaco, incluso durante su etapa en el gobierno.
En una sentencia, la sala de lo penal del Supremo ratifica la condena que, en junio del pasado año, dictó la Audiencia de Lleida, que impuso a Ausàs 4 años de cárcel y una multa de 195.000 euros, en un fallo en el que le recriminaba que hubiera traficado con tabaco de contrabando cuando ostentaba cargos públicos "de los que cabe exigir una especial impecabilidad de comportamiento".
Ausàs fue alcalde de La Seu d’Urgell (Lleida) entre 2003 y 2008 y consejero de Gobernación durante del tripartito entre marzo de 2008 y diciembre de 2010.
Según el Supremo, la dedicación de Ausàs al tráfico de tabaco es "inobjetable" y su participación en el grupo criminal desarticulado fue "patente", ya que jugaba un papel de "particular relevancia".
"Ausàs era el encargado de dar salida hacia el mercado interior al tabaco movido por el grupo", resalta la sentencia del Supremo, que apunta que el exconseller republicano participó de forma "regular" en el contrabando de tabaco, con un volumen "importante" de mercancía, que no se ha podido cuantificar con precisión.
La Audiencia de Lleida consideró probado en junio pasado que Ausàs se dedicaba al contrabando de tabaco extracomunitario, al menos, desde febrero de 2010, por lo que llevó a cabo esta actividad ilícita varios meses siendo conseller de la Generalitat, ya que ostentó este cargo hasta diciembre de 2010, cuando CiU recuperó el gobierno tras siete años de tripartito.
Según la Audiencia, Ausàs recogía el tabaco de contrabando en un "box" (garaje) de La Seu d’Urgell que compartía con los demás miembros de la red y lo distribuía posteriormente en Barcelona, donde lo transportaba en viajes en coche de madrugada, para evitar ser sorprendido o interceptado en su actividad ilícita.
El exconseller republicano cargaba el tabaco del box indistintamente en un Audi Q5 de su propiedad y un Suzuki Vitara de su esposa y lo trasladaba a su casa en La Seu, donde lo depositaba en un garaje. Una vez allí, lo embalaba en cajas sin distintivos para después trasladarlo de madrugada a Barcelona para su venta y distribución.
En su sentencia, el Supremo resalta que se pudo ver a Ausàs acudir al garaje, el lugar de aprovisionamiento del tabaco de procedencia ilegal, en un total de 22 ocasiones en poco más de un mes, pese que "racionalmente, ese espacio temporal no debe ser considerado el único de realización por él de tal clase de acciones".
Los Mossos d’Esquadra aportaron al juicio ocho vídeos donde Ausàs aparece en el box de La Seu d’Urgell cargando en su coche bolsas negras, en las que otros acusados habían introducido anteriormente paquetes de tabaco.
Además, en el registro del garaje de Ausàs, los Mossos hallaron tabaco extracomunitario por valor de 14.562,5 euros -el límite penal es de 15.000 euros-, "que debe situarse en el contexto de la regular dedicación a la actividad que se le atribuye", sugerida entre otros indicios por el material de embalaje que le fue interceptado.
En la casa de Ausàs, los Mossos d’Esquadra también se incautaron de 25.875,70 euros en efectivo y notas manuscritas e informáticas con apuntes relacionados con la distribución de tabaco.
Otras de las pruebas a las que Supremo da validez son las conversaciones telefónicas que Ausàs mantuvo con otros miembros de la red.
"Por tanto -concluye el alto tribunal-, la dedicación de Ausàs a ese tráfico ilegal es inobjetable, como lo es también que, por su regularidad, tuvo como objeto un volumen de tabaco por un importe, no determinado ni concretamente determinable, pero de un valor notablemente superior al del incautado en su poder".
En su sentencia, el alto tribunal también desestima los recursos interpuestos por otros seis condenados, aunque a un séptimo le rebaja su condena de 5 años, 3 meses y un día a 5 años de cárcel.
Entre los condenados también figura el brigada de la Guardia Civil Julián García Molina, el segundo mando de la Aduana de La Farga de Moles, que era el responsable de abrir el almacén donde la banda guardaba el tabaco, en su caso a 5 años de cárcel y a una multa de 390.000 euros.
