Antonio Machado
El sistema público de pensiones lleva diez años siendo tema de transformación como derecho constitucional reconocido en 1978.
Y también por la ONU en su artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 en París.
El 1 de agosto del 2011 se publicó en el BOE la nueva Ley 27/2011 que transformaba las pensiones en sus aspectos más básicos, convirtiendo en condiciones regresivas aquello que debían ser mejoras para los trabajadores y trabajadoras. Se amplió la edad de jubilación de 65 a 67 años. Se amplió el período de años para el cálculo de las pensiones de 15 a 25 años, y se amplió el cómputo global de 35 a 37 años cotizados para tener derecho a cobrar el 100% de la pensión.
Esto fue posible porque los sindicatos mayoritarios de CCOO y UGT fueron cómplices de esta acción de recortes de derechos. El colectivo de pensionistas arrastra las consecuencias que se vivieron en las condiciones de trabajo de los años 60 hasta el inicio de la democracia. Eran condiciones que han tenido consecuencias negativas en muchos trabajadores y trabajadoras que no se les cotizó como debían, sobre todo en las mujeres que eran arrastradas a tener que aceptar las peores condiciones de trabajo. Eso ha llevado a que haya unos 5 millones de pensionistas con una pensión por debajo del umbral de la pobreza.
En el 2012 llegó M. Rajoy y continuó el trabajo encomendado desde el Fondo Monetario Internacional, la Banca Central Europea y el Banco de España. El capital financiero, los fondos buitre de inversión, las compañías aseguradoras y toda esa carroña usurpadora de riqueza que actúa como las alimañas, acosando a su presa.
Esa miseria existente en más del 50% de la población mayor de 65 años ha sido abandonada por el sistema político y social, y ahora por los sindicatos. Entre todos están facilitando al capital financiero que llegue a disponer de los 140.000 millones de euros que mueven las pensiones anualmente. Por eso es importante cerrar esa puerta, pero el Pacto de Toledo no lo ha visto así y habrá fondos privados de pensiones colectivas de empresa. Ése es el procedimiento. Luego llegará la mo- chila austriaca que recogerá parte de ese capital.
En 1994, CiU presentó una proposición no de ley que en 1995 se transformó en el Pacto de Toledo y acordó la creación del Fondo de Reserva de las Pensiones. Desde ese momento y hasta el 2013 se dilapidaron 103.690 millones de euros del fondo. Los diferentes gobiernos habidos esos años, con especial preocupación del PP, hicieron uso de esos fondos para pagos ajenos a las pensiones. Liquidándolo Mariano Rajoy dilapidando los 66.800 millones de euros que recibió de J.L. Rodríguez Zapatero.
En 2017 las pensiones se pagaron con un crédito de 10.200 millones de euros del Estado a la Seguridad Social. Todo un despropósito dentro de las propias instituciones del Estado. Por eso se pide una auditoría de la Seguridad Social que serviría para cuantificar exactamente cuánto dinero ha pasado de una parte a otra. Cuando ese dinero ha salido al 100% del bolsillo de los trabajadores, ahora pensionistas. Por eso reclamamos que las pensiones dependan directamente de los PGE, de igual manera que lo hacen los gastos militares, la Casa Real, la sanidad o la educación.
Pero no hay ninguna voluntad de que las pensiones sean un apéndice de los PGE porque entonces no podrían transformarse en un producto financiero, dejando de ser un derecho constitucional. Y esto lo aceptan los sindicatos UGT y CCOO.
Ahora se han hecho propuestas desde la mesa social que cierran esas posibilidades constitucionales y lo intentan esconder con mejoras del “chocolate del loro”. Algunas que ya debían caer por su propio peso como es la aplicación de la cláusula de revisión de las pensiones según el IPC habido en el ejercicio saliente. Eso tocaba después de 44 meses de lucha ininterrumpida.
Dejan para 2022 puntos básicos que debían haberse resuelto ahora. Hay otras cuestiones básicas que siguen siendo la “espada de Damocles” de las pensiones, como es el factor de sostenibilidad, basado en una penalización sobre la longevidad de la vida de las personas, que se ha derogado. Ahora lo llaman “factor de equidad intergeneracional”. Posiblemente será más de lo mismo. La pensión mínima (645 euros) está muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (950 euros). Es inadmisible esta diferencia que podría ayudar a mejorar sus ingresos a esos 5 millones de pensionistas pobres.
No hay voluntad de dar protección a la parte más débil de los y las pensionistas, dejándolos sin dar cobertura jurídica, posiblemente porque José Luis Escrivá piense que así le facilita el terreno al próximo gobierno que surja en el 2023, para que pueda acabar la reforma que le ha ordenado el Banco Central Europeo.
Hoy vemos con interés que los representantes de los grupos parlamentarios de PNV+ERC+Bildu+CUP, en la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados sobre las pensiones, han hecho una declaración institucional recogiendo las reclamaciones de los movimientos de pensionistas a nivel estatal y manifestando su total desacuerdo con el conjunto de las propuestas que ya habían aceptado el Pacto de Toledo, Gobierno y sindicatos, dejando claro que no votarán a favor de esta reforma.
Esto complica la situación a Pedro Sánchez, pues sin los votos de PNV+ERC+Bildu no tendrá la mayoría que necesita para tirar adelante la reforma. Ahora es el momento de que haya una gran movilización en todo el territorio nacional. Es difícil ante la postura de los sindicatos mayoritarios que descaradamente se han puesto en contra de los intereses de los pensionistas. Pero tenemos que aprovechar esta coyuntura, donde confluyen demasiados temas urgentes para los intereses de la mayoría de la población como es la reforma laboral, la reforma de la ley de la vivienda para regular los alquileres de forma justa o frenar la especulación del oligopolio de las eléctricas que de una forma descarada están modificando precios a su antojo, mientras el gobierno mira para otro lado. Lo mismo pasa con los carburantes.
