Desde la crisis financiera del 2008 que afectó en España al conjunto de la sociedad civil, lanzando al 28% de personas a la exclusión social y frenando su capacidad de transformación y avance, han cambiado muchas cosas en este país de países. Visto desde la perspectiva de la víctima social, desde su subjetividad, y ante la pasividad del Estado para paliar algo las condiciones de vida miserables que le tocó vivir, comenzó a escuchar otras formas de interpretar su realidad. Primero esa voz se llamó Podemos. Recordemos su consigna estrella: “Sí se puede”.
Pero los poderes económicos, políticos y mediáticos no lo iban a permitir. Por lo que se cambió de voz para dársela a sus cachorros fascistas. Se lanzan a confundir a la ciudadanía mediante discursos contestatarios, pero no contra los que provocan la pérdida de derechos sino contra los que luchan para conseguir recuperar esos derechos que le robaron los del PP. Transforman su discurso contra la “dictadura progre”, mirando de no ofender a ese 10% que ostentan el 90% de la riqueza que nos rodea. Así se potencia ese embrión que había nacido tiempo atrás, cuyo germen ideológico se cultivó en FAES y que ahora debe substituir a esos jóvenes con aspecto “desaliñado”. Estamos hablando de VOX. Llevamos un año y medio con signos muy graves en la evolución política de España que afecta muy directamente a Catalunya. Han ido sucediendo situaciones que han provocado puntos de inflexión hacia procesos regresivos en cuestiones de derechos y libertades individuales y colectivas.
La ruptura del bipartidismo ha supuesto nuevos escenarios en la constitución de los órganos de poder institucional en todos los niveles. Este cambio ha generado la posibilidad de constituir mayorías que puedan situar en el tablero parlamentario temas que las mayorías anteriores nunca quisieron abordar para no romper el equilibrio constitucional generado por el régimen del 78 (monarquía, reforma constitucional, modificación de la estructura territorial).
En esas condiciones se derrocó el gobierno de Mariano Rajoy mediante una moción de censura que permitió el cambio de signo político en la jefatura del gobierno (PSOE+UnidasPodemos). Eso hizo que los poderes económicos y de comunicación activaran estrategias de acoso y derribo del gobierno de coalición, llevadas a las instituciones por los partidos de la oposición.
Previo a esa nueva situación, no hay que olvidar que el conflicto del “procés”, en Catalunya, polarizó a la opinión pública del conjunto del Estado español, en base a factores emocionales, potenciando el “nacionalismo español”. Y ha pasado lo que tenía que pasar; en el marco de los nacionalismos, ha surgido el fascismo. Un fascismo que lo nuevo de él ha sido la visualización descarada, pero que llevaba entre nosotros desde el 18 de julio de 1936. Lo que a su vez ha exteriorizado otra realidad silenciada, la transición política española fue un fraude a la democracia.
En las elecciones del 10N/2015 VOX obtuvo 57.733 votos (0.23%), mientras que UnidasPodemos obtuvo 5.189.333 votos (20,66%). El 10N/2019, cuatro años después, VOX obtuvo 3.656.979 votos (15,20%) y UP 3.119.364 votos (13%).
Esta nueva realidad, de momento, ha supuesto trasvase de votos desde las fuerzas conservadoras hacia la extrema derecha (fascismo), pero ya comienza a arrastrar a votos obreros que estadísticamente pueden estar en la abstención, un 24%, y en el voto que se mueve en torno a otras opciones minoritarias que no consiguen el 5% de representación (puede ser un 10%), más los votos de Cs (6,9%). Las próximas elecciones serán las municipales. La tendencia de voto fascista va en aumento (según encuestas recientes). Ya son la tercera fuerza política de España, podría llegar a ser la segunda para entonces. Eso situaría a España en la cabecera de Europa como Estado pseudofascista detrás de Polonia y Hungría.
No es una situación coyuntural. El fascismo, cuando le abres la puerta, ya viene con los muebles y las armas para instalarse definitivamente. Y España les ha abierto las instituciones, los medios de comunicación y ahora toca robar la conciencia al pueblo. En esa tarea están ya trabajando. Los sucesos de Vallecas, Vic, Les Borges Blanques, etc., van en esa dirección. Tienen centros formativos, campamentos paramilitares, expertos en redes sociales, en sociología. Van ocupando espacios en la sociedad civil, ya tienen sindicato, organizaciones sociales de ayuda.
La presencia de VOX hace que se debata el concepto de democracia y si una organización que se ha presentado a unas elecciones y ha conseguido representación institucional debe ser respetada. Ése es el argumento que defienden los “leguleyos”. España es el país del blanqueo. Hace muchos años se blanqueaba con “OMO”. Después se blanquearon cientos de miles de millones de euros procedentes del crimen organizado internacional, de los especuladores/defraudadores/corruptos nacionales y ahora blanqueamos el fascismo.
No podemos aceptar como un partido para el debate parlamentario a los que vienen a destruir nuestro orden constitucional, a cargarse nuestras instituciones y a revisar a la baja nuestras leyes que amparan las libertades y derechos que tanto nos ha costado conseguir. La confrontación que está cubriendo todo el territorio nacional desde VOX es un caso “flagrante” de incitación al odio.
El artículo 510 del Código Penal castiga con penas de uno a cuatro años de prisión y de 6 a 12 meses de sanción a quienes públicamente promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas, antisemitas y otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, por pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
Así es España. De la misma forma que somos insensibles al maltrato al inmigrante, lo somos ante la violencia de género, ante la pobreza de los colectivos más débiles de nuestra sociedad, así como menospreciar los derechos de otros pueblos de España. Y jaleamos las consignas contra estos conceptos junto a los fascistas de VOX.
Para considerarse demócrata primero hay que considerarse antifascista y defender la 2.ª República. Sin ese principio no vale el otro. Ahora nos queda vivir posiblemente la mayor vergüenza nacional (por lo que llegaremos a escuchar) que va a provocar el debate para la aprobación de la ley para la memoria democrática, donde se pueda “resarcir” la memoria de esos hombres y mujeres que fueron asesinados a partir del 18 de julio de 1936 y que, según los estudios realizados por el movimiento memorialista, suponen unas 150.000 personas enterradas en 2.500 fosas comunes por todo el territorio nacional.
Debe haber una respuesta organizada de la sociedad civil ante estos fascistas, sin provocaciones, pero con actitudes contundentes. Los partidos democráticos deberían estar ya en este asunto. No se comprende cómo estamos mirando este fenómeno desde la pasividad. Puede que cuando reaccionemos ya sea tarde.
