El sábado 27 de junio de 2020 se celebraron movilizaciones en muchas ciudades españolas promovidas por CCOO y UGT, frente al desastre generado por la pandemia del COVID-19, donde 1.421 personas de la comarca del Vallès Occidental han muerto, de las que más del 70% de los fallecidos eran mayores de 70 años. En Terrassa también se ha convocado otra manifestación desde el MPD.
Hemos estado dos meses escuchando los aplausos cada día a las 8 de la tarde. Eso debía hacernos pensar en un espíritu solidario y por lo tanto consciente de esa gran masa ciudadana. Que iban a secundar cualquier convocatoria de la sociedad civil frente al desastre de la pandemia, sobre todo por haber sido provocada esa tragedia por el mal hacer de los gobernantes que desmontaron la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada. Puede que aplaudieran para espantar al COVID-19.
El objetivo de la manifestación era demostrar a los poderes públicos el malestar de la ciudadanía y, tal como ha figurado en el manifiesto presentado, recordando las medidas aprobadas por el actual gobierno de coalición entre PSOE y UP, denunciando el abandono de lo público en beneficio de lo privado. Recordando el derecho a la vida. A las residencias públicas medicalizadas. A la vivienda, a pensiones dignas…
En Terrassa la convocaban 38 entidades, entre ellas todos los partidos con representación institucional, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, los movimientos sociales como el MPD (pensionistas), Mesa por las Residencias, la Marea Blanca, el movimiento vecinal, los colectivos por la vivienda, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), las organizaciones sindicales de los dos centros sanitarios de Terrassa (Mútua y Hospital de Terrassa), Prou Barreres, Consell d’Entitats…
La participación real no ha llegado a las mil personas. Cabría preguntarse: ¿qué está pasando con todos nosotros?, con esos ciudadanos y ciudadanas que tan activamente hemos estado haciendo de caja de resonancia de mensajes políticos malintencionados de toda índole que han circulado por las redes, incluido WhatsApp, atacando sin descanso al primer gobierno realmente de izquierdas que ha tenido esta débil democracia, pero que le llueven las bombas destructoras por todos los frentes.
Quim Torra, Pablo Casado, Santiago Abascal, todos quieren hacer desaparecer este gobierno mientras el capital observa tranquilamente esta estrategia de acoso y derribo que ya ha tenido una consecuencia favorable a sus intereses, el proyecto de nuevo impuesto a las grandes fortunas queda anulado. Puede que sea por la presión de Bruselas que le haya dicho al Gobierno que, si quiere los 170.000 millones de los fondos comunitarios, para hacer frente a la emergencia humana por la pandemia, debe dejar en paz al capital español y extranjero, mientras estos siguen destruyendo empleo (recordemos Nissan).
¿Por qué no reacciona ese pueblo que ha sido víctima de la opresión del capital financiero hasta provocar la última crisis que ha dejado en la calle a un millón de personas sin hogar en los 10 años de crisis, que ha impuesto unas condiciones de trabajo miserables para una parte importante de la población, sobre todo a muchos hogares monoparentales cuya cabeza visible es mujer divorciada con hijos menores a su cargo, y que el mercado laboral sólo le ha ofrecido contratos a tiempo parcial con un salario de 450 euros que no le da para pagar el alquiler, la luz, el agua y acaba siendo desahuciada frente a la indiferencia de un aparato judicial y de unos legisladores que sólo están ahí para facilitar al capital que siga engordando sus arcas?
O puede ser un desencanto general por la falta de objetivos claros de transformación acompañados de organizaciones sociales con las ideas claras y objetivos definidos, cosa que brilla por su ausencia. Recordemos la respuesta sindical de los sindicatos franceses ante la agresión a las pensiones de Francia. ¿Nuestros sindicatos están en la misma línea?
Vivimos una situación muy peligrosa, porque los que aplauden no están en la calle. Porque forman parte sin ser conscientes de esa estrategia de debilitar nuestra democracia y degradar las instituciones del Estado para provocar una crisis institucional que genere nuevas elecciones. Ése es el objetivo de la derecha del PP, de los neoconvergentes y emigrados catalanes (JxC, PdeCat) y de los fascistas de VOX. Todos de una forma u otra contribuyen a este clima irrespirable. El fascismo se ha instalado en las instituciones de la mano de PP y Ciudadanos.
VOX va al Parlamento a provocar situaciones que desde la calle parezcan actitudes intolerantes de los demás, olvidando que esta situación forma parte de una estrategia de VOX.
No olvidemos cuál es el objetivo de la internacional fascista en Europa. Es destruir la base de las democracias representativas para robarnos nuestros derechos y dejar el campo libre al gran capital que es quien mueve los hilos de estas situaciones y es quien financia a estos movimientos fascistas. El terror es su objetivo político.
Hace unos días la diputada de VOX Macarena Olona, a gritos en el Congreso de los Diputados, negaba la existencia de la violencia de género y haciendo alarde de sus 52 diputados lanzaba la amenaza al resto de partidos frente al consenso parlamentario que generó la ley integral contra la violencia de género aprobada en el 2004 por el gobierno de Zapatero.
Ésta es una muestra de lo que se avecina. Ahora a Vox les avalan 3,5 millones de votos ante el silencio en la calle de la sociedad civil. Ante el proceso creciente que está teniendo el fascismo en nuestro país, la sociedad civil, encabezada por todos los movimientos y partidos democráticos, debería estar trabajando para parar esta tendencia.
Hay que recuperar la memoria histórica para evitar que la historia se repita. Ya ha comenzado la transformación hacia la destrucción de nuestra democracia.
