Una universidad pública debe ser un espacio de diálogo en que conviven profesores y alumnado con distinto cariz ideológico, cuya finalidad no es otra que aprender de la diversidad. Este aprendizaje debe realizarse desde el respeto que debe tenerse a quien piensa u opina diferente.
Este respeto, sin embargo, parece olvidado desde que el 14 de octubre el Tribunal Supremo publicara la sentencia 459/2019, en que condenaba a aquellos que el 1 de octubre de 2017 realizaron un golpe a la democracia y convivencia en Catalunya. Las universidades públicas catalanas no tardaron en hacer público un comunicado en que se rechazaba la sentencia y condena a los líderes independentistas. Éste es un modus operandi común en el sector universitario catalán, que no tardó más que unos pocos minutos en leer y analizar las 493 páginas que componían la sentencia y en emitir un dictamen en que se rechazaba el contenido de ésta.
Con la evidente complicidad del rectorado, toda esperanza de los alumnos que no comulgan con la imperante institucionalización del nacionalismo en las aulas se esfumó. Ante el abandono de las instituciones catalanas gobernadas por el máximo instigador del odio al disidente, sumado al posicionamiento del rectorado, los alumnos detractores de la politización en la universidad tuvieron que emprender su propia odisea.
Cual berrinche emprendido por aquél a quien no se da la razón y bajo la supuesta bandera de la democracia, aquellos que quieren imponer su ideología por la fuerza y no por la palabra impidieron el normal funcionamiento de las clases. Cualquier medio para impedir y coartar las libertades de aquellos que quieren asistir la universidad parece justificado: humo, petardos, barricadas o insultos son el status quo dominante.
Y es que el abandono a los alumnos es superlativo, hasta el punto de levantarse por la mañana, ir a la universidad y no saber siquiera si ese día los totalitarios van a dejar que entres a clase para ejercer tu derecho a la libertad de educación. Vas a clase sin saber si ese día sus reivindicaciones políticas valen más que tus derechos constitucionales.
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), de ideología independentista, ha convocado una huelga universitaria indefinida que empezó el 29 de octubre y por la que se pretende paralizar las clases hasta una fecha indeterminada, coartando e imponiendo su parecer político.
Ante la deriva totalitaria que tomó el independentismo tras perder el norte (si es que alguna vez lo tuvo), el rectorado de la Universitat Autònoma de Barcelona no se ha dignado a condenar la violencia ni a amparar a sus alumnos. Lo que ha hecho ha sido claudicar ante los violentos, ha cancelado clases y ha puesto sobre la mesa la evaluación única, con lo que deja que los totalitarios campen a sus anchas sin tener que preocuparse por trabajos o actividades evaluables durante el curso.
Con estos hechos se está alterando la libertad de cátedra de profesores y alumnos que quieren enseñar y aprender sin presiones políticas de ningún tipo. Durante más de dos semanas la actividad docente ha estado parada y con ella la mayoría de actividades que estaban previstas para estas fechas. El temario debe darse por hecho para llegar a los objetivos fijados antes del inicio del curso, incluso sin haber realizado las clases magistrales. Las actividades y exámenes se acumulan y nadie en la universidad parece dar una solución.
Y es que hay alumnos que vamos a la universidad a aprender, no vamos a romper mobiliario público ni a coartar libertades constitucionalmente conferidas a otros alumnos. Estos alumnos queremos volver al normal funcionamiento de las clases, queremos sentirnos amparados por las instituciones de Catalunya y de la universidad, queremos poder ir a clase sin temer por nuestra integridad física o moral.
Lo único que reivindicamos es una universidad pública de todos, una universidad pública para todos. El daño ya está hecho, ahora es responsabilidad de todos volver a la normalidad que se presupone que una institución pública debería tener.
