Es para el viaje de fin de curso, explica la niña. No, no, gracias. Los clientes potenciales que han rechazado su ofrecimiento cruzan sus miradas cuando la adolescente se aleja. Esta niña debe de ser repetidora, suelta uno de los adultos, pues el año pasado ya le intentó vender lo mismo, rotuladores o bolígrafos, con el mismo objetivo supuesto, y el año anterior igual. Hay algo raro aquí. La joven, de unos 15 años, dulzura en el habla, no vende bolígrafos para sufragarse un viaje escolar. Vende bolis por la calle para entregar el dinero, supuestamente, a sus padres. Y lo mismo hace su hermano pequeño, de unos 11 años. La Policía Municipal pilló al niño y a los progenitores (la madre y el padrastro) hace unas semanas y ha abierto diligencias penales por un posible delito relacionado con la mendicidad.
Ya seguían los pasos de los vendedores, pero los chicos se tornaban escurridizos cuando los policías se dirigían hacia esa calle o esa plaza donde alguien los había visto vender bolis o rotuladores, a dos euros la unidad. Esa actividad de comercio informal podía ser frecuente o socialmente aceptada décadas atrás, pero en estos tiempos escandaliza o, cuando menos, llama la atención. La Policía Municipal había recibido comunicaciones de ciudadanos al respecto y había hecho seguimientos de los menores, actividades que se revelaron infructuosas hasta el 7 de junio pasado. Ese día, un agente de paisano, libre de servicio, dio la pista definitiva porque fue destinatario de uno de los ofrecimientos por parte del niño, de unos 11 años, y lo siguió mientras hablaba con un compañero por teléfono, e intervino.
La tarde de antes se vio al niño ofrecer bolis a varias personas. El 7 de junio se acercó a los clientes de un bar con análogo fin. El agente de paisano lo vio el primer día y fue objetivo directo del vendedor el segundo. Que si le compraba un bolígrafo. Es para un esplai. El esplai tal. Pero el esplai tal no existe. El policía declinó el ofrecimiento, no, no gracias, se levantó de la silla y siguió con discreción al joven vendedor cuando este se alejó. Al tiempo, contactaba con la Policía Municipal para informar del asunto. La unidad de delincuencia urbana e información (UDUI) iba detrás de los chicos, el hermano y la hermana, porque barruntaba que conseguían dinero para entregarlo a adultos. Y estaba en lo cierto.
Seguimiento
El agente sin uniformar siguió al menor a distancia prudencial desde la calle del Camí Fondo. Paso a paso, el vendedor infantil y el perseguidor cauteloso se dirigieron a la calle del Teatre. Una dotación de la UDUI acudía a la llamada del compañero, que vio el encuentro entre el niño y unos adultos
Al parecer, la hermana estaba por allí, pero a ella no la interceptaron. Se escabulló, como en otras ocasiones, cuando había sido vista con su hermano en la plaza del Vapor Ventalló, en la Salvador Espriu o en la Rambla d’Ègara, casi siempre en el Centre.
En la plaza de Maragall, en un rincón, el crío sacó una bolsita roja y se la entregó al adulto. Llegaba el agente. Estén tranquilos, ahora llegan mis compañeros. Nadie huyó. Y se presentaron los otros policías. La bolsa contenía 15 euros, el resultado de la recaudación de aquella tarde, o de parte de aquella tarde. Al niño ya no le quedaban bolis que vender. El agente de paisano, libre de servicio pero, al cabo, de servicio autoobligado aquel día, dio un paso atrás y sus compañeros se hicieron cargo de las diligencias. Identificaron a los tres: al menor, a su madre y al padrastro.
Fiscalía y juzgado
El caso pasará a manos de la Fiscalía de Menores y a un juzgado de instrucción. Los menores, tanto el identificado como su hermana, están bien alimentados y escolarizados, pero ello no es óbice para que los mayores, sus tutores, de nacionalidad española, puedan haber incurrido en un delito incluido en la sección tres del Código Penal, la que engloba el abandono de familia, menores o personas con discapacidad "necesitadas de especial protección".
El artículo 232 del texto legal castiga con la pena de prisión de seis meses a un año a "los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta". La pena es de uno a cuatro años su para los fines indicados "se traficare" con las víctimas o se empleare con ellas "violencia o intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud".
