El exconseller de Cultura de la Generalitat, el terrasense Lluís Puig, declarado ayer jueves por videoconferencia desde Bélgica ante un tribunal de Huesca por el denominado caso Sijena y denunció no haber podido hacerlo en noviembre de 2017 por la crisis catalana.
En una declaración a los medios, Puig recordó que nunca “nos hemos sentido huidos de la Justicia”, en referencia a su llegada a Bélgica en 2017 con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comin, Clara Ponsatí y Mertixell Serret a raíz de los hechos ocurridos el 1 de Octubre de 2017.
Puig cuestionó el hecho de que en noviembre de 2017 la Audiencia Nacional española no autorizase su declaración por videoconferencia y ahora sí se le haya permitido declarar para el caso de las obras de Sijena (Huesca).
Puig, que está acusado de un delito de desobediencia por no haber entregado las 44 obras de arte del monasterio de Sijena que se encontraban en Lleida cuando él era conseller de Cultura, aseguró que “nunca ha habido ánimo de desobediencia”.
Por su parte, el abogado defensor de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, manifestó que las declaraciones por videoconferencia en territorio europeo son un “acto de absoluta normalidad” y que “lo excepcional es que la Audiencia Nacional no quisiera hacerlo” en referencia a la petición cursada en 2017.
Las obras de arte del monasterio de Sijena fueron entregadas en diciembre de 2017 durante la aplicación del artículo 155 en Catalunya y bajo fuertes medidas de seguridad, pero la causa contra Lluís Puig y Santi Vila, quien también fue conseller de Cultura, sigue abierta por desobediencia y prevaricación al negarse a facilitar la entrega de las obras.
Requerimiento
En su declaración, el político terrassense evitó asumir responsabilidades, explicando que recibió el requerimiento judicial el 7 de julio de 2017, es decir, «solo un día después de tomar posesión de su cargo», lo que le llevó a dejarse guiar por los servicios jurídicos de la consejería, ya que carecía de tiempo para «estudiar el expediente del caso», explicó su abogado, según recoge el Heraldo de Aragón.
El mismo diario señaló ayer en su edición digital que los servicios jurídicos indicaron al entonces conseller que la orden judicial «había sido recurrida y a partir de allí, ya no recibió ninguna otra notificación ni del juzgado ni de los técnicos responsables», añadido el letrado.
Alonso-Cuevillas mostró su confianza en que la causa sobre su cliente sea «archivada», ya que «una desobediencia, de acuerdo a la jurisprudencia existente, debe ser abierta y reiterada, y no es el caso», indicó, insistiendo en que la cercanía entre la toma de posesión de su cliente y el requerimiento judicial dejó al primero sin tiempo de reacción.
En el interrogatorio participó la titular del juzgado oscense, así como el fiscal de la Audiencia Provincial, Juan Barachet, que apoyó la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y que emitió un informe señalando que los dos exconsellers -Vila y Puig- actuaron de forma consciente e irresponsable.
En opinión del fiscal, ambos pudieron evitar la incautación forzosa de las obras de arte llevada a cabo el 11 de diciembre de 2017 y, por ello, pide a la magistrada que sus posibles penas reflejen las «capitales» consecuencias de su «rotundo» incumplimiento. Y es que el retorno de las obras a su lugar de origen conllevó un importante despliegue policial y, además, generó un importante ambiente de tensión en las inmediaciones del Museu de Lleida.
