El abogado en el juicio del procés del exconseller terrassense Josep Rull, Jordi Pina, reprochó ayer a la Fiscalía que dijese “injustamente” que los acusados hicieron de la Generalitat su “cortijo” cuando, a su juicio, la malversación no tiene cabida al no haberse probado que haya facturas, encargos o compromiso de gasto.
Pina, que también defiende al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al exconseller Jordi Turull, fue el letrado que más tiempo dedicó a combatir el delito de malversación por el que están acusados Rull y Turull, habida cuenta de que algunos de los supuestos desvíos de fondos imputados por la Fiscalía afectan al departamento de Presidencia que lideraba Turull.
Sin embargo, el letrado cuestionó ante el Tribunal Supremo que los fiscales traten de imputar actos a Turull cuando éste todavía no había llegado a la conselleria (llegó el 14 de julio de 2017), y les reprochó que se hayan mantenido impasibles ante la prueba practicada durante todo el juicio.
Ni en las obras del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), ni en el registro de catalanes en el exterior, ni en la web “Pacte pel referendum”, que -destacó- es “de la época de Pasqual Maragall” al frente de la Generalitat, hubo desvíos de fondos, según el abogado.
Como tampoco lo hubo, recalcó, en el anuncio de las vías del tren difundidos por medios públicos catalanes. “No hemos sido capaces todavía de dejar claro que no tiene nada que ver el anuncio de las vías del tren con la campaña Civisme (que impulsó el departamento de Turull y cuyo concurso quedó desierto). Se lo juro”, dijo Pina mientras gesticulaba con las manos una petición de disculpas.
Lo de Unipost, bromeó Pina, “es para comer aparte” porque, además de que a su juicio el registro policial de la empresa postal fue irregular, en realidad el servicio “no se prestó”, ni hubo “encargo, ni factura, ni pago, ni compromiso de gasto”: “No es verdad que los ciudadanos recibieran cartas indicando que iban a ser presidentes de mesa, no es cierto, no se ha articulado ni una prueba”.
Por ello cree Pina que los propios testigos de la Fiscalía “han desmentido la tesis de la acusación” y añadió que la fiscal Consuelo Madrigal fue injusta cuando acusó a los exconsellers en su informe de hacer de la Generalitat su propio cortijo, cuando en realidad los funcionarios de la administración catalana “son íntegros y no hacen trampa”. “Me duele”, confesó.
Clientes
En consonancia con Pina, aunque dedicándole mucho menos tiempo a este delito, por la mañana el letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva también negó que los gastos imputados a sus clientes fuesen a parar al 1-O, y el de Joaquim Forn, por su lado, recordó que los gastos de su departamento fueron aprobados por el Gobierno.
Asimismo, Pina aprovechó el turno del informe para pedir la libertad de sus clientes y cerró su intervención dirigiéndose a ellos: “Ha sido un honor y sea cual sea la sentencia podéis estar tranquilos, que sois gente de paz”.
Fueron las últimas palabras de agradecimiento a quienes Jordi Pina definió como sus “amigos”, acusados de rebelión en el Tribunal Supremo, donde se enfrentan a una petición de 17 años de cárcel en el caso de Sànchez y 16 años en el de los exconsellers Rull y Turull.
Antes de concluir su informe, Pina anunció que ha presentado un escrito en el alto tribunal en el que vuelve a pedir la libertad de sus clientes, que se encuentran preventivos en Soto del Real (Madrid), en lo que la Sala dicta sentencia. Lo hizo, según recalcó, con el fin de que el tribunal esté “menos encorsetado” a la hora de valorar la prueba y que se libere así de la “rémora” de tener “a nueve personas encarceladas”, en relación a los nueve acusados del procés que se encuentran en prisión provisional.
Dicho esto, el abogado, que dedicó tres horas a desmontar la acusación de rebelión, sedición y malversación que pesa sobre sus clientes, cerró su intervención agradeciendo a todos los que han intervenido en “este complejo y difícil procedimiento judicial”, con la única excepción de Vox, que ejerce la acusación popular.
Por su lado, los letrados de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn reconocieron que los acusados cometieron un delito de desobediencia, que no comporta pena de prisión, pero consideraron “absurda” la rebelión cuando en Catalunya solo se dieron “tres casos de violencia”, la cual se ha “banalizado” por completo.
El juicio del procés se adentró ayer en los informes finales de las defensas, comenzando por Andreu Van den Eynde y Xavier Melero, quienes, con estrategias divergentes, concluyeron que en Catalunya no hubo la violencia que exige la rebelión ni el alzamiento tumultuario que requiere la sedición, como tampoco se consumó independencia alguna.
Lo que ocurrió, según dijo el letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, fue “una desobediencia de manual” y el problema es que, continuó, “se confunde la desatención a la Ley con la rebelión” porque “la desobediencia no les basta a las acusaciones”.
Trivializar
“Si la desobediencia puede derivarse de participar en un gobierno en el que se dice que si hace falta se desobedecerán las resoluciones del Tribunal Constitucional, contra eso no puedo hacer nada”, dijo el abogado de Forn, que cedió “con gusto” la trinchera de la desobediencia, una línea estratégica compartida por las defensas, conscientes de que este delito no conlleva cárcel.
De esta forma, ambos reprocharon al fiscal Javier Zaragoza su mención al proces como “golpe de Estado”, una afirmación que “contamina” y es “una banalidad” porque la fundamenta en conceptos de “violencia normativa” o “violencia potencial” sin portar armas ni entrar en combate insuficiente para la rebelión.
Con dureza, el letrado de Forn añadió que “lo que no se puede hacer es trivializar el concepto de violencia asociado a estos delitos porque es una falta de respeto a los muertos de todos los conflictos militares de la historia del país”.
Así, descartaron la rebelión y la sedición y, de hecho, Van den Eynde reivindicó el “desacuerdo monumental” entre la Fiscalía y la Abogacía para calificar los hechos, lo que demuestra que “no todo está tan claro”.
Dijo que “la única violencia de la que se habla es la que se cuenta con los dedos de la mano”, con “tres casos de actuaciones reactivas a una situación tensional concreta de un colegio determinado, efectuado por una persona aislada”.
Una violencia practicada por “grupúsculos” porque lo que sucedió el 1-O fue “una desobediencia de toda la vida”, de manera que a su entender lo que alegan las acusaciones no es más que una “falacia”, basada en “coger dos imágenes y montar una categoría” poniendo como ejemplo los vehículos de la Guardia Civil el 20-S: “Tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis”.
