Los empleados de los centros especiales de empleo (CET) volvieron a salir a la calle ayer para reivindicar soluciones ante la crisis de viabilidad económica abierta tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros. En la manifestación convocada por una de las patronales de los centros sin ánimo de lucro, AEES Dincat, frente a la sede de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalita, participaron 4.000 personas, según los organizadores. Entre los concentrados se contó con una amplia representación egarense, entre personal, directivos y familiares de las fundaciones terrassenses Prodis y Fupar, que se desplazaron ayer a Barcelona.
"Exigimos a la Generalitat de Catalunya que aporte propuestas, no queremos ser una pelota que se pasen entre administraciones", declaró ayer la vicepresidenta de AESS Dincat, Amèlia Clara Quintana. La de ayer es la segunda protesta masiva convocada por la entidad, precedida por una el pasado 11 de abril. "Estamos al límite de nuestros recursos", añadió.
Desde la patronal también se recuerda que las entidades del tercer sector llevan una década con las tarifas de financiación de servicios que les abona la Generalitat congeladas. Este 2019 la Generalitat prometió romper una década de estancamiento, aunque la ausencia de presupuestos dejó sin efecto dicho compromiso.
Empleo en peligro
Cerca de 1.600 personas con discapacidad perderán el trabajo entre este año y el 2020 si las administraciones no actúan, asegura Dincat. Las 226 entidades sin afán de lucro que representa la Asociación Empresarial de Economía Social (AEES) y Dincat consideran que la falta de financiación pública por parte de la Generalitat y del Estado los últimos diez años, con recortes y congelación de muchas subvenciones, les aboca a una situación muy difícil.
Además, el incremento del SMI "no se ha visto acompañado de las suficientes medidas políticas de apoyo a las personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de trabajo". Tras muchas negociaciones, tanto en Barcelona como en Madrid, los convocantes aseguraron que "la respuesta ha sido insuficiente" y que la precariedad persiste. "Esta falta de compromiso político pone en riesgo la viabilidad de las entidades sociales que tienen como objetivo generar y mantener puestos de trabajo para miles de personas con discapacidad con especiales dificultades", argumentó Dincat en un comunicado.. Las entidades reclaman mejoras en la financiación de los centros especiales de trabajo y denuncian que la precariedad en la financiación pública "está sobrepasando los límites y afecta ya a la calidad en la atención a las personas y las condiciones laborales".
