La Generalitat destinará 919,5 millones de euros a políticas de ocupación en 2019, un 18% más que el año pasado, de los que unos 380 millones serán aportados por el Estado, y de los que se beneficiarán unas 464.533 personas. Los fondos que la Generalitat aportará directamente para estas políticas serán unos 540 millones, 130 millones más que el año pasado.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, presentó ayer las políticas de empleo y de apoyo al trabajo de su departamento para 2019 y dijo que el reto es que las personas en situación de paro dispongan de recursos para poder ser autónomas.
Por colectivos, para personas en riesgo de exclusión se destinarán 350,6 millones de euros; a los parados de larga duración mayores de 45 años, 90,5 millones; para gente joven se destinarán 52,2 millones; para el colectivo de mujeres, 30,6 millones; y para el colectivo de personas con baja cualificación, 57,8 millones. Además, la Generalitat destinará 123 millones a políticas de empleo para personas discapacitadas y otros 215 millones para diversos programas transversales. El conseller explicó que la prioridad del departamento es el trabajo de "calidad" y las políticas de ocupación son uno de los instrumentos del Govern para conseguirlo.
El mejor instrumento
Por ello, aseguró que el trabajo es la mejor política social, ya que es el "mejor instrumento" para que las personas puedan conseguir autonomía. Homrani explicó que este año hay un incremento de recursos muy especial para el colectivo en riesgo de exclusión y para personas con discapacidad porque son "conscientes de las dificultades" que tienen. El Govern está a la espera de que en la próxima conferencia sectorial se repartan 84 millones para el salario mínimo de los centros especiales de trabajo y que, si se reparte por el número de personas que trabajan en ellos, Catalunya recibiría un 22% del total. El reglamento que activará el "mecanismo de suspensión" que permitirá a la gente que cobra la Renta Garantizada trabajar en algunas situaciones podría estar en vigor a principios del 2020.
