Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana (CEAC) y del Sindicat de Llogueteres (SL) exigieron ayer al nuevo gobierno municipal, que resulte de las elecciones del 26M, que elabore un plan "valiente" consensuado que dé soluciones al problema de la vivienda para colectivos vulnerables, que fije un calendario de prioridades y actuaciones, y que asigne recursos económicos para llevar a cabo su ejecución.
La petición fue hecha pública por Ferran Morillas, de la PAH, Rafael Gázquez, del CEAC y Cesc Castellet, del SL, en el Raval de Montserrat, donde estuvieron arropados por personas que sufren este problema. En el turno de exposiciones, Morillas reprochó a las administraciones públicas que "se saltan el artículo de la Constitución Española que habla del derecho a una vivienda digna" y lamentó que no se ponga freno a "los pisos vacíos en manos de los bancos, fondos de inversiones "buitres", inmobiliarias y constructoras". Gázquez, del CEAC, dijo echar en falta "un plan de choque para reducir el problema" y criticó que "el Ayuntamiento de Terrassa no ha sido capaz de elaborar un plan durante diez años y lo ha hecho ahora cuando faltan días para las elecciones". Gázquez acabó diciendo que "el gobierno socialista ha reaccionado tarde y mal, mostrando una total desconsideración hacia las personas que están sufriendo los desahucio y la burbuja de los precios del alquiler".
Castellet, del Sindicat de Llogateres, se sumó enumerando una serie de propuestas que debe contener el plan de vivienda social. Las demandas son, entre otras, la modificación del plan de urbanismo para que se aplique el treinta por ciento de vivienda protegida en todas las nuevas promociones y rehabilitaciones; que se reactive y se acelere la imposición de sanciones por viviendas vacías y mal conservadas de los bancos; que se formen nuevas unidades antidesahucios; que se realice una diagnosis específica sobre el problema de los alquileres y haya medidas para frenar la burbuja inmobiliaria; y elaborar un plan de choque que permita llegar a un 20 por ciento de vivienda social.
Rifirrafe con la policía
El acto informativo finalizó con un rifirrafe con un agente de la Policía Municipal, quien se acercó para preguntar si tenían permiso. Los representantes respondieron que no lo necesitaban porque estaban en la vía pública. A continuación, el agente pidió los DNI de los representantes y le fueron entregados todos menos los de ellos. Tras un tira y afloja, todo acabó sin más. El agente entregó los DNI y las personas se despidieron.
