Está identificada como XX252 por la Fiscalía. Es una testigo protegida. Es una mujer que vino a España engañada, a la que realizaron un ritual de vudú en su país de origen, Nigeria, a la que amenazaron con matar si hablaba con la policía, a la que quitaron el pasaporte y trasladaron a Terrassa, a la que obligaron a prostituirse para saldar la deuda contraída por su viaje desde África. La golpearon con un cable. Sufre trastornos de ansiedad. Dos individuos, marido y mujer, también nigerianos ambos, están acusados de la explotación sexual padecida por XX252, una joven nigeriana víctima de la trata de personas.
El fiscal reclama que ambos procesados sean condenados a ocho años y siete meses de prisión, y a diez años más de libertad vigilada. Ocho años de cárcel por un delito de trata de personas con fines de explotación sexual en concurso medial con un delito de prostitución coactiva. Siete meses por un delito de inmigración ilegal. Según la acusación, el matrimonio deberá pagar 100.000 euros de indemnización a la víctima: 50.000 por los daños morales infligidos y otros 50.000 por el dinero que ella ganó para ellos en las calles y que se vio obligada a entregarles.
La historia de XX252 es la historia de muchas otras jóvenes coaccionadas para ejercer la prostitución, explotadas, vejadas, empequeñecidas como seres humanos por la sombría y larga mano de la explotación sexual. En el 2013, una persona contactó con un familiar suyo, el acusado, para que facilitara a la chica un viaje a España “haciéndole creer que iba a ir al colegio para aprender a leer y escribir y mejorar su inglés”. El procesado, que junto a su esposa y otros individuos se dedicaba a ese negocio turbio, según el fiscal, facilitó el viaje, cuyas gestiones generaron una deuda de 55.000 euros.
Antes de salir de Nigeria, la víctima fue sometida a un ritual de vudú. Tuvo que jurar que no hablaría con la policía y que pagaría lo adeudado, y que no escaparía. De incumplir su palabra, la matarían. También matarían a su familia.
Cogió un avión hasta París y de la capital francesa pasó a España por carretera. Llegó el 6 de octubre del 2013. Usó un pasaporte a nombre de otra persona, Se lo suministró un integrante de la red que no ha podido ser localizado. Fue ese sujeto quien se encargó del viaje desde Nigeria “en connivencia con los acusados”, narra el Ministerio Público.
El matrimonio arrebató a la chica el pasaporte nada más llegar aquí. La trasladaron a Terrassa. Se la llevaron a su domicilio, donde la pareja vivía con sus cuatro hijos menores y otra joven.
Y entonces la informaron de la realidad cruda: iba a trabajar de prostituta. Y le dijeron cuánto debía ganar, cuánto dinero debía entregarles a diario: entre 200 y 300 euros. Debía pagar los 55.000 euros del viaje y los 200 mensuales por usar la vivienda, y 60 euros a la semana por su manutención.
Ella no conocía el idioma, no conocía a nadie “y temía por su vida y la de sus familiares por los juramentos hechos”, cuenta en su escrito el fiscal. Ejercía la prostitución en Las Ramblas de Barcelona y en Ciutat Vella. El acusado la transportaba a la Ciudad Condal cada día. Ella trabajaba de lunes a domingo, desde la tarde hasta primera hora de la mañana. Lo que cobraba lo daba a los acusados.
La insultaban y amenazaban si no pagaba lo suficiente. Y el acusado la agredió varias veces. Presuntamente, la fustigaba con un cable en todo el cuerpo, le golpeaba la cabeza contra la pared, la obligaba a taparse la boca “para que no se escucharan sus gemidos de dolor”.
La joven huyó en mayo del 2015. Recibió amenazas por su marcha. También su familia, y por parte de la familia de los acusados.
El juzgado de instrucción número 3 de Terrassa instruyó la causa después de que otro juzgado egarense, el de instrucción número 2, retirase a los procesados sus pasaportes y les prohibiese salir de España. Otra medida cautelar consistió en la obligación de comparecer en los juzgados el primer día de cada mes. Los imputados estaban en libertad. Ambos se encontraban en territorio español en situación legal y con arraigo familiar.
El caso ha llegado a la Audiencia Provincial de Barcelona, que tiene previsto juzgar a los procesados a partir de hoy en dos sesiones. La pareja será interrogada y la víctima está llamada a declarar. Eso sí, el fiscal ha solicitado que se observen “todas las cautelas necesarias y pertinentes” para evitar la identificación de la testigo, protegida por un auto desde diciembre del 2016. Pero no se puede descartar que la víctima no sea localizada. Si eso ocurre, el Ministerio Público pide que se reproduzca el visionado y audición de la declaración que hizo en julio del 2017 en el juzgado de instrucción. Deberán comparecer también unos mossos d’esquadra.
La testigo protegida sufre trastornos de ansiedad, insomnio, dificultades de concentración, miedos, sobresaltos, dolores de cabeza. Le cuesta descansar y presenta secuelas de las agresiones. El informe forense de que se vale la acusación incluía un trastorno de estrés postraumático “y relata pesadillas vinculadas con los hechos”. Según el fiscal, se aprecian mecanismos psicológicos protectores, “como cierta disociación frente a determinados hechos, por el gran impacto que esto le supone”.
