Al menos 170 víctimas de abusos sexuales han denunciado a 48 religiosos y laicos que trabajaban para órdenes religiosas de Catalunya, la mayoría por hechos cometidos hace décadas, según un trabajo de recopilación de datos hecho por Efe de los casos denunciados públicamente en los últimos años. La mayoría de estas denuncias se han presentado a través de los medios de comunicación o ante los Mossos d’Esquadra, aunque casi todos los casos no han podido enjuiciarse porque los delitos han prescrito.
Los Maristas fueron los primeros que recibieron el aluvión de denuncias tras destapar El Periódico, en 2016, el primer caso, el del exprofesor de educación física del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts Joaquín Benítez, juzgado por cuatro casos por los que el fiscal le pide 22 años de cárcel y está pendiente de sentencia.
A parte de 11 sacerdotes y un seminarista de diferentes diócesis catalanas, también se han visto afectadas por acusaciones de abusos a menores durante los últimos años 20 maristas (14 religiosos y 6 laicos), ocho jesuitas (6 religiosos y 2 laicos), un capuchino, tres claretianos (un religioso y dos laicos), un monje benedictino, un mercedario y dos escolapios.
A finales de marzo fue juzgado el primer acusado del caso maristas que inició la ola de denuncias: el exprofesor de los Maristas Joaquín Benítez, que admitió en la vista oral dos de los cuatro abusos a menores de los que se le acusa. Aunque se han registrado hasta 18 denuncias contra él, tan solo estas 4 han podido presentarse en el juicio, ya que el resto han prescrito.
Los otros 19 miembros de los Maristas que también fueron denunciados no tendrán que enfrentarse a un juicio penal, ya sea porque han prescrito los delitos o porque han fallecido.
Los presuntos abusos sexuales de Francesc Figueres, uno de los tres acusados de la orden de los claretianos, salieron a la luz fruto de un comunicado en redes sociales de un exalumno, aunque fue el Colegio Claret quien presentó la denuncia formal en la Fiscalía y retiró cautelarmente a Figueras de sus funciones.
Los claretianos han habilitado el correo electrónico prevenim@claretians.cat y han pedido la colaboración de cualquier persona que tenga información, además de asegurar que presentarán cualquier denuncia a la Fiscalía. La congregación de los claretianos de Catalunya ha encargado al abogado y ex director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, Xavier Puigdollers, que investigue todos los casos de abusos cometidos en sus obras educativas desde hace 50 años y atienda a las víctimas de ellos.
Los claretianos han reafirmado su compromiso de “aclarar cualquier hecho del pasado y que se asuman las responsabilidades pertinentes”, y han puesto en marcha un Servicio de Acogida e Investigación sobre posibles casos de abusos que se hayan perpetrado en sus obras educativas.
Los capuchinos sólo han tenido una denuncia hasta el momento y es la que acusa al que era el director del colegio Escolanía de Pompeia de Barcelona, que cerró hace 50 años, pero no podrá tener lugar un proceso penal o eclesiástico contra él porque murió en 1997. La orden ha asegurado que investigarían los casos y que ninguna de las personas que aún están vivas y que trabajaron en el colegio tenían constancia de los abusos.
La orden de los benedictinos ha recibido un total de 9 denuncias que acusan a Andreu Soler, monje de la Abadía de Montserrat que falleció en 2008 y fue el fundador de “els nois de servei”, un movimiento escolta para los jóvenes de la abadía que el religioso dirigió durante 40 años. La Abadía de Montserrat creó en enero de este año una Comisión de Transparencia con miembros independientes para que investiguen los casos.
En la orden de los jesuitas, que tiene a ocho acusados, la mayoría ya fallecidos, destaca el caso de Lluís Tó, que fue condenado a 2 años de cárcel por abusar de una niña y enviado a Bolivia después, antes de morir. Pere Sala, también jesuita, fue denunciado el pasado mes de febrero por dos hermanos que han asegurado que la congregación había recibido quejas tanto de Sala como de Tó, aunque la organización religiosa lo niega. Sala actualmente tiene 94 años y está en una residencia a la que le trasladaron los jesuitas, pero los dos hermanos han pedido que sea expulsado de la Iglesia y han denunciado el caso al Tribunal Eclesiástico de Barcelona.
Por parte de la orden de la Merced, tras conocer los abusos, apartó al único acusado, el padre Javier, que ya no podrá dar misa, y también lo retiró del país centroamericano en el que estaba ejerciendo de misionero.
Los escolapios han recibido denuncias respecto a un párroco denunciado internamente en 2010 y se le apartó del colegio, pero siguió activo hasta 2016 en otro centro de Catalunya, según han explicado las familias afectadas que, al saberlo, decidieron denunciarlo ante las autoridades. Desde la orden han reconocido que no actuaron de manera adecuada al permitir que tuviera contacto con niños, ya que la autoridad eclesiástica calificó los hechos como falta leve y le prohibió el trato con menores. Así, una vez los escolapios conocieron las denuncias y la declaración del acusado, decidieron apartarle.
Uno de los casos más sonados de la diócesis de Tarragona es el de Pere Llagostera, que murió en 2017 y presuntamente abusó de al menos 10 personas cuando ejercía de sacerdote.
Francesc Xavier Morrel, sacerdote de Constantí (Tarragona) al que han acusado 10 personas, renunció a su cargo en la Iglesia este año.
El párroco de Vilobí d’Onyar (Girona) Tomàs Pons, al que se le acusa de una docena de abusos, ha sido denunciado por el Obispado a la Fiscalía y ante el Vaticano.
