Después de haber convertido la ciudad de Barcelona en un laboratorio de los desahucios abiertos, que someten a las familias sin recursos a una incierta y angustiosa espera, la práctica se extiende por las oficinas judiciales del área metropolitana y ya ha llegado a Terrassa. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncia que los primeros casos de los también llamados desalojos sin ruido ya están condenando a familias terrassenses a esperas de doce o quince días que vulneran "su derecho a la tutela judicial efectiva" y, en muchos casos, amenazan su empleo y su estabilidad emocional.
En este momento en Barcelona se registran decenas de lanzamientos abiertos cada semana y en Terrassa ya se han denunciado los primeros casos. La mecánica es idéntica en todos ellos. La autoridad judicial dicta el desahucio sin determinar fecha y hora fija. Acuerda un periodo de varios días -normalmente entre 12 y 15 jornadas- durante los cuales la expulsión de la familia puede producirse en cualquier momento.
Entidades como la PAH y el Colectivo sin Vivienda vienen denunciando esta práctica judicial desde hace meses. Sostienen que los desahucios con fecha abierta incumplen la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que en seis de sus artículos fija que cualquier lanzamiento debe ejecutarse con fecha determinada. Las resoluciones judiciales de desahucios abiertos "vulneran el derecho fundamental a la tutela efectiva, así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio", denuncian desde la PAH.
El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler aprobado por el Ejecutivo ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Civil y refuerza la prohibición de los desahucios con fecha abierta. El PSOE se ha resistido, sin embargo, a incluir medidas que impidan los desahucios si no existe una alternativa habitacional, una reivindicación de los colectivos sociales y un derecho apuntalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC), que niega el desahucio si antes no hay una alternativa de vivienda.
Miguel Ruiz, abogado de la PAH en Barcelona, explica que la entidad se enfrenta a la resistencia de los jueces, que "argumentan que su única función es ejecutar, dar trámite al procedimiento y que suspender un desahucio abierto no entra en su competencia. Dicen que tienen margen a la interpretación, pero no lo hay. La LEC es clara".
Ante la disparidad de criterios judiciales -hay jueces que aceptan suspender los desahucios abiertos y otros que se niegan- la PAH explora la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Creemos que es la única manera de parar esta práctica, porque los jueces no se ponen de acuerdo entre ellos". Si el Constitucional desestima el recurso o falla en contra, "iremos al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, porque creemos que es un caso claro de vulneración de los derechos fundamentales".
Atrincherarse en casa
Las víctimas de los desahucios abiertos se ven sometidas a la incertidumbre de no saber si cuando regresen del trabajo, de la compra o de la escuela encontrarán su domicilio "sellado" por orden judicial y se verán en la calle. La reacción de muchas familias está siendo encerrarse en casa día y noche a la espera de que la comisión judicial concrete día para el desalojo. La espera somete a un nivel de tensión insoportable a adultos y menores, que ven como el recurso de parar el lanzamiento por la presión popular se disipa.
Boicot a la desobediencia civil
Las entidades sociales han denunciado que los desahucios abiertos persiguen boicotear la desobediencia civil y la labor de las plataformas vecinales. Entienden que la medida es una reacción de los jueces que, ante las dificultades con las que se encuentran las delegaciones judiciales para ejecutar los lanzamientos, optan por esgrimir el argumento de la eficacia judicial. Así lo reconocía en un reciente comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. De los 4.880 lanzamientos señalados por el Servei d’Actes i Comunicacions de Barcelona en 2018, sólo pudieron materializarse 2.197.
Muchos jueces dictan desahucios abiertos después de ver que los activistas paralizan los anteriores lanzamientos. Saben de la imposibilidad de las entidades para mantener un dispositivo de días frente a un domicilio.
En Terrassa, la PAH y el Colectivo sin Vivienda se movilizan desde que les llegó la primera solicitud de ayuda, hace pocos meses. En realidad, hace unos años ya se registró un desahucio abierto en Montserrat, pero fue un caso aislado.
Las entidades han llevado el tema al pleno, donde la pasada semana entregaron un manifiesto a los grupos municipales y al gobierno pidiendo que actúen para frenar esta práctica. Ayer mismo, la PAH de Terrassa remitía un correo al alcalde Alfredo Vega y a la concejal de Vivienda, Eva Candela, pidiendo la mediación municipal en el caso de Ana M. que se enfrenta a un desahucio abierto esta misma semana.
Interlocución urgente
Solicitan una interlocución de urgencia ante el Decanato del Palacio de Justicia y con el banco titular del piso, para que éste pida la suspensión y abra un proceso de negociación. Además, solicitan al Ayuntamiento que ponga a disposición de Ana M. una vivienda de emergencia en caso de desalojo.
El pleno municipal ha aprobado una propuesta de resolución que condena los desalojos abiertos. En Terrassa, los Servicios Sociales y la concejalía de Política de Viviendas atendieron durante 1.051 casos de desahucio en la ciudad en 2018 y 352 durante el primer trimestre de 2019, no necesariamente ejecutados. La concejal de Vivienda Eva Candela mantuvo en enero una entrevista con el juez decano de Terrassa, al que solicitó que frenara los desahucios abiertos en la ciudad. "Le insistimos en que la práctica no cumple la LEC -comenta Candela-. Nos dijo que solicitaría antes un informe sobre el tema y aún no tenemos respuesta".
