El violador reincidente Tomás P. C. reconoció ayer ante la Audiencia de Barcelona que en 2016 agredió sexualmente e intentó matar a navajazos a una mujer en Castellbisbal durante un permiso penitenciario que se le concedió cuando cumplía condena por un ataque similar de 2002. En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se celebró ayer a puerta cerrada, a petición de la víctima, el juicio contra el conocido como violador de Martorell, sobre el que la Fiscalía mantuvo su petición de 70 años de prisión por la violación e intento de asesinato de 2016, un caso que reabrió el debate sobre la rehabilitación de los agresores sexuales en la cárcel.
En su declaración, Pardo admitió el secuestro, violación e intento de asesinato de que la Fiscalía le acusa de haber perpetrado el último de los tres días del permiso que le concedió la Generalitat, y que avaló la Audiencia de Barcelona.
Pese a reconocer uno por uno todos los hechos, con lo que podría beneficiarse de atenuantes, al término del juicio la Fiscalía mantuvo su petición inicial de 70 años de cárcel y el pago de una indemnización de 70 mil euros a la víctima por un delito de detención ilegal, otro continuado de agresión sexual, asesinato en grado de tentativa y robo con intimidación.
Arrepentimiento
En declaraciones a la prensa tras el juicio, la abogada del procesado detalló que su cliente reconoció todos los hechos porque "está arrepentido". Por su lado, el abogado de la víctima y acusación particular explicó que se han visto "abocados a iniciar un proceso contencioso administrativo para reclamar la responsabilidad civil a las conselleries de Interior y Justicia de la Generalitat" por el permiso que se concedió al violador reincidente.
El departamento de Justicia le concedió el permiso por haber superado con éxito el tratamiento de rehabilitación de agresores sexuales que siguió en prisión y sin que las salidas puntuales previas que se le autorizaron hubieran resultado problemáticas.
El juzgado de vigilancia penitenciaria le denegó hasta trece veces los permisos para salir de la cárcel, pero finalmente la Audiencia Provincial confirmó la decisión de la Generalitat de excarcelarle. Por ello, la acusación particular pide un millón de euros al procesado como responsable civil directo, aunque anunció que si no abona el pago, se exigirá esa suma a la Generalitat.
Como el ministerio fiscal, la acusación particular pide 70 años de cárcel por los cuatro mismos delitos citados, con las agravantes de reincidencia, actuar por razones de género y aprovechando un lugar y un momento que debilitaban la defensa de la víctima.
Concentración
Según reconoció el acusado, el ataque de 2016 lo perpetró blandiendo una navaja ante la víctima y obligándola a conducir 53 km hasta llegar a una zona boscosa de Castellbisbal, donde la violó repetidamente y le hizo entregarle las llaves de su coche y facilitarle el número PIN de su tarjeta bancaria, con el que un sobrino suyo menor extrajo después mil euros. Posteriormente, el procesado llevó a la mujer hasta un barranco, donde tras acuchillarla hasta en siete ocasiones, con el fin de acabar con su vida, la arrojó al vacío desde una altura de cinco metros y la tapó con ramas y con tierra.
Durante el juicio, en el exterior de la Audiencia se concentraron unas 50 personas para denunciar la "justicia patriarcal" y dar apoyo a la víctima. Entre los concentrados estuvo la mujer a quien el acusado agredió y robó en 2002, que expresó su indignación y denunció que "es responsabilidad del sistema penitenciario que haya otra víctima".
