Para el exministro de Justicia socialista Francisco Caamaño en España "falta una planificación estratégica de los servicios públicos, que pasa por marcar unas prioridades, y alguien que la lidere, algo que ahora no existe". "Se requiere -prosigue- una visión global a la hora de contratar los servicios públicos, una verdadera política pública que actualmente no se da en ninguna administración". Caamaño, ministro entre 2009 y 2011 bajo la presidencia de José Luis Rodriguez Zapatero, hizo estas reflexiones el martes por la tarde en la Cambra de Comerç, en el transcurso de una mesa redonda organizada por la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos y el Observatorio de los Servicios Urbanos bajo el título de "Los servicios públicos en la ciudad del futuro". El acto también contó con la presencia del director general de esta asociación, el ingeniero de caminos Ramiro Aurín, y el portavoz del grupo municipal de Ciutadans, Javier González.
El 23% del presupuesto de la UE se invierte en la contratación de servicios públicos, porcentaje que en España alcanza el 30%. Lo dijo el exministro Caamaño para resaltar el gran volumen de dinero de los contribuyentes que mueven los servicios públicos y de la necesidad, por tanto, de gestionarlos con la mayor eficiencia posible en favor de los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que los pagan con sus tributos. Al respecto, a la pregunta de qué puede hacer la ciudadanía para mejorar los servicios públicos, afirmó tajante que "tiene el arma más poderosa: el voto".
Mecanismos
También explicó el exministro socialista que a la hora de abordar los servicios públicos debería darse "un diálogo a tres bandas entre los ciudadanos, las administraciones y las empresas proveedoras de servicios", una circunstancia, dio a entender, que ahora no se da.
Caamaño hizo además alusión a la nueva ley de contratación de los servicios públicos que entró en vigor en España en 2017 y que supuso la extrapolación de las nuevas directrices europeas en esta materia de 2014, una verdadera revolución y puesta al día de los mecanismos de contratación. Dio a entender que con la nueva ley hay (o debería haber) una mayor supervisión por parte de las administraciones de los servicios que contratan, de manera que pasamos de "un Estado prestacional a un Estado garante, vigilante", dijo.
En este punto, esto es, la aplicación de la nueva ley de contratación pública, Caamaño se detuvo para lamentar que las administraciones "intentan trabajar con el pensamiento viejo (la norma anterior) algo que es nuevo y lo que deberían hacer es adaptarse".
El dirigente local de Cs, Javier González, abogó por unas estructuras municipales "más flexibles y ágiles" como condición indispensable para "un cambio" a mejor en la gestión de los servicios públicos en la ciudad. Y dio otra idea: "No se trata de embarrancarnos en debates como si los servicios deben de gestión directa o indirecta, sino de que sean buenos", independientemente de la fórmula que se utilice, dio a entender.
Destacó que hay tres retos a tener en cuenta en torno a los servicios públicos: una ciudadanía cada vez más exigente; un funcionariado que debería ser "más flexible" y una clase política "con pocas estrategias por la degradación que ha sufrido en los últimos años".
El político aprovechó la ocasión para lanzar algunos dardos al equipo de gobierno del PSC, del que dijo que a la hora de gestionar los servicios públicos "pone por delante la ideología para satisfacer al partido en vez de la eficiencia para beneficio de los ciudadanos". Y puso dos ejemplos: la municipalización del agua, que rechazó porque "el modelo anterior (privado) funcionaba bien y estaba bien valorado", y la limpieza viaria y recogida de residuos, que gestiona el Consistorio directamente, "un servicio al que, paradójicamente, cada vez se destinan más recursos y que en los últimos cuatro años ha ido a peor".
