La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunes dar un último plazo de 24 horas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que ordene retirar los lazos amarillos de los edificios públicos catalanes, y le advierte de que en caso de no hacerlo puede incurrir en responsabilidades penales.
Con esta decisión, el máximo intérprete de la legislación electoral desestima el recurso presentado por Torra contra la orden que le había dado la propia JEC la semana pasada para que quitara lazos amarillos y banderas “esteladas” por no ser compatibles con el principio de neutralidad exigido a las instituciones públicas.
De nuevo sostiene la JEC que aunque las enseñas independentistas y los lazos constituyen un “símbolo legítimo” que pueden usar los partidos en su propaganda electoral, durante los períodos electorales las autoridades públicas no lo pueden hacer porque deben “respetar” y “mantener” una “rigurosa neutralidad política”.
Torra había alegado las dificultades derivadas de la existencia de multitud de edificios públicos que no son propiedad de la Generalitat o no están gestionados por esta institución, pero a juicio de la Junta ello no puede resultar “excusa” para ejecutar la resolución por la que ordenó quitar lazos y “esteladas” en 48 horas.
Le recuerda por un lado que “la mayoría” de esos edificios dependen de la Generalitat y por otro que “bastaría con indicar a la JEC” aquellos cuya situación fuera distinta.
De plano rechaza la Junta Electoral Central otro argumento empleado por Quim Torra al invocar el “deber” que tiene el presidente de la Generalitat de respetar la “libertad de expresión de los empleados públicos” porque ese derecho, enfatiza “no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista”.
En consecuencia, la JEC reitera el requerimiento que le hizo el pasado 11 de marzo y le concede un nuevo plazo de 24 horas para que ordene retirar las “esteladas” y los lazos amarillos “apercibiéndole de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia” a los acuerdos.
Además, requiere a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para que informe a la Junta si se ha cumplido su orden dentro del plazo previsto “al efecto de deducir, en su caso, las responsabilidades en las que se haya podido incurrir por no hacerlo”.
