Del hallazgo, por parte de los Mossos d’Esquadra, de una furgoneta cargada de hachís en el barrio de Segle XX al Tribunal Supremo. Allí se sustanció la investigación, nacida de chivatazos, y en una sala del alto tribunal ha culminado. El Supremo ha condenado a dieciséis personas por participar en una trama de tráfico de hachís a gran escala desmantelada en un espectacular operativo desplegado en Terrassa en el 2015. Al considerado jefe del grupo se le han impuesto diez años de prisión y una multa de casi 11 millones de euros. Los magistrados han aumentado así la pena indicada en una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Los datos suministrados a través de internet de forma anónima, pero sustanciosos y concretos, desencadenaron las gestiones policiales. El sumario lo instruyó en el 2016 el juzgado de instrucción número 3 de Terrassa contra diecinueve personas, dieciséis de ellas de origen marroquí y las otras tres, españolas. Desde los albores del 2014 el grupo era investigado por los Mossos d’Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía y agentes de Vigilancia Aduanera en vigilancias distintas, sin conexión, pero los tres cuerpos se unieron en una investigación conjunta. Y las indagaciones, según estableció la Audiencia Provincial en una sentencia de junio del 2017, demostraron que los acusados formaron un entramado para introducir en España grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos.
En el país africano "contaban con la colaboración de terceras personas" con las que algunos procesados se comunicaban de manera "más o menos continuada" mediante llamadas con teléfonos móviles. El tribunal afirma que que los encausados actuaban "como baterías o grupos independientes". Cada batería la integraban entre tres y cinco personas que transportaban la droga y la almacenaban. Subían el chocolate desde el Sur de España hacia Catalunya. Salían de Terrassa en dos o tres vehículos, algunos propiedad de los procesados, otros robados o con matrículas alteradas, otros alquilados para la ocasión, otros propiedad de familiares. Un automóvil lo usaban para la mercancía y llegaban a extraer los asientos posteriores para adaptar el coche a la carga.
Desde los otros automóviles se vigilaba el trayecto. Una vez recogida la droga, los grupos la trasladaban hasta Terrassa o Sant Joan Despí. Circulaban a gran velocidad para hacer más difícil el seguimiento. Los que iban en los vehículos "lanzadera" se situaban los primeros y se mantenían en contacto telefónico con los ocupantes del coche cargado con el hachís. La hilera la cerraba un tercer vehículo. Si la cosa se ponía fea, abandonaban la vía rápida y se escabullían por carreteras secundarias.
En Terrassa y sus alrededores estaban los almacenes, desde donde luego se distribuía la droga en la provincia de Barcelona o incluso en Francia o Italia. Los vehículos eran "almacenes" provisionales y disponían de dobles fondos. Uno de los acusados puso a disposición del grupo las plazas de aparcamiento que tenía en Terrassa. Otro, lo mismo. Usaban también trasteros. Y hablaban en clave por si tenían pinchados los móviles. La droga era la "llave", o el "libro", o la "foto". El dinero eran los "papeles". Los alijos, la "chica" o "la familia del país". Denominaban "aceitunas", "avión" o "coche", o "la rubia", a distintas variedades de hachís.
El mayor coordinaba
La Audiencia Provincial distinguió dos grupos operativos, independientes entre sí aunque "interrelacionados". Un individuo coordinaba el primer grupo.
El coordinador era el mayor de la familia. Supervisaba y daba instrucciones. Su hermano colaboraba con él. Contactaba con intermediarios y compradores, trataba de abrir nuevas vías de exportación. Otro procesado controlaba los transportes y dirigía los envíos a Italia. Y otro preparaba coches, contactaba con suministradores y conducía los coches "lanzadera".
Ellos no lo sabían, pero la policía los acechaba. A las 4.30 de la tarde del 8 de abril del 2014, unos agentes vieron a dos de los miembros del grupo desplazarse en sendos coches al Sur peninsular, para volver a Terrassa al día siguiente acompañados de un tercer vehículo. El 30 de abril del mismo año volvieron a bajar y estuvieron en Málaga dos días. Subieron con una furgoneta cargada de hachís.
Ese vehículo realizó un giro brusco al llegar al peaje de la AP-7 en Martorell y se dirigió a Terrassa. Aparcó la furgoneta en la calle de Guillem de Muntanyans, en Segle XX. Una manta tapaba un bulto de arpillera marrón con asas de cuerda. La policía llevó la furgoneta a la comisaría. Dos días después, autorización judicial mediante, los mossos abrieron los fardos. Eran once. Cada uno contenía más de treinta kilos de hachís. En total, 352 kilos de droga. El valor: más de 525.000 euros. Eso fue en el mes de mayo. En octubre el grupo recogió más sustancia en Alicante. En noviembre, tres individuos del entramado se reunieron en una carnicería de La Maurina y horas después una batería viajó a Sabadell, cargó la droga y se desplazó camino de Francia. El vehículo con el hachís fue interceptado por la policía gala. Llevaba cuatro fardos de hachís. El conductor fue detenido y juzgado en Francia. Y condenado.
Los investigadores no perdían de vista a los investigados. Vieron a varios de ellos reunirse en la esquina de la calle de Santa Cecília con la de Sant Tomàs, en Ca n’Anglada.
Y supieron de contactos del grupo de Terrassa con el otro, que se movía por Sant Joan Despí y que en enero del 2015 viajó a Málaga a proveerse de chocolate que luego trasvasó a un camión para encaminarse a Francia. Los pillaron los policías en Figueres con doce fardos. Casi cuatrocientos kilos.
En febrero otros acusados transportaron hachís a Terrassa y lo dejaron en un aparcamiento de coches. Allí encontraron los investigadores 313 kilos más.
En marzo del 2015 los cuerpos policiales dieron el golpe en forma de registros, en una espectacular macrorredada desplegada en varias localidades, entre ellas Terrassa, por supuesto. En un local de la calle de Núria y en varios domicilios. En diez sitios de la ciudad.
Las inspecciones se saldaron con la aprehensión de droga, dinero en efectivo, móviles, documentación, artículos electrónicos, vehículos. Una operación conjunta coronaba una investigación que el propio Tribunal Supremo califica de "laboriosa" y que se gestó con unos chivatazos cuya fiabilidad no tardó la policía en comprobar.
MULTAS ASTRONÓMICAS
11 millones
Sólo el jefe del grupo ha sido condenado a una multa de 10.907.375 euros. La sanción al resto va de los 600.000 euros a los 7 millones
