Un grupo de jubilados y pensionistas increpó ayer al portavoz del PPC, Àlex Rodríguez, en el Raval, cuando presentaba una propuesta de resolución para acabar con la ocupación de pisos ilegal. Los jubilados, que habían acudido a la concentración de los lunes, le rodearon con pancartas que reclaman el blindaje de las pensiones y un salario digno. Permanecieron en silencio hasta casi el final, cuando algunos de ellos empezaron a lanzar gritos contra el Partido Popular, a quien le recriminaron su política "especulativa" y le calificaron de "fascista". La situación produjo algún momento de tensión que fue solventado, poco a poco, con la mediación de otros pensionistas y agentes de la Policía Municipal que presenciaban la escena.
Rodríguez intentó convencerles de que su propuesta iba encaminada a la ocupación ilegal de pisos por actividades ilícitas como el cultivo de marihuana (ver edición del pasado sábado en este diario) y no por la ocupación ilegal de un vivienda por necesidad de tener un techo que es lo que algunos pensionistas interpretaron. Y, de hecho, en la propuesta del PPC cita como ejemplo un inmueble ocupado en la calle Tortosa de la ciudad, donde el pasado 10 de enero se declaró un incendio debido a la conexión eléctrica ilegal utilizada para el cultivo de 300 plantas de marihuana.
Censo y actuación
Rodríguez explicó que su partido pide cuatro medidas para erradicar este tipo de situaciones. La primera es que se elabore un censo de todos los inmuebles ocupados ilegalmente donde tienen lugar actividades fraudulentas y que se cree una comisión para redactar un protocolo de actuación para los vecinos afectados por estos pisos. Asimismo también solicita que se proceda a la inspección de las condiciones de salubridad y seguridad de los pisos ocupados y se precinte las instalaciones ilegales que puedan poner en riesgo la vida de los ocupantes y vecinos. Por último, el PPC demanda que el Ayuntamiento pueda acogerse a la ley 5/2018 del 11 de junio de 2018 en aras a desalojar rápida y eficazmente a los ocupantes ilegítimos de los inmuebles públicos de titularidad municipal, para así disponer de vivienda social a asignar a quienes realmente lo necesitan.
Rodríguez se mostró confiado en que la propuesta sea aprobada con el objetivo de acabar con este tipo de hechos ilegales, que son más frecuentes en la ciudad. También indicó que la medida se inspira en una que aplicó Badalona. "Allí se optó por blindar estos pisos con planchas metálicas", indicó.
