Este 13 de febrero se han rechazado los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Estos presupuestos han sido elaborados con un gran contenido social por los acuerdos con Unidos Podemos. Puede que sean los presupuestos más sociales de la historia reciente de nuestra democracia, apoyados por PSOE, Unidos Podemos, En Comú y cuatro diputados de En Marea. Y los han rechazado los grupos políticos PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, CC, UPN, Bildu, Foro Asturias y las diputadas de En Marea Alexandra Fernández Gómez y la de En Comú Podem Marta Sibina.
Iban a suponer un incremento del 9,5% hasta un total de 227.356 millones de euros, lo que permitía hacer frente a los gastos sociales previstos. Para ello se incrementaban las retenciones del IRPF en dos puntos para las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros. Sobre el capital se incrementaba en cuatro puntos a partir de 140.000 euros, así como el impuesto de sociedades a partir de un millón de euros de facturación.
En cuanto a los gastos se había previsto incrementar la partida para dependencia con una subida del 58,3%, hasta los 2.231 millones de euros; además, se recuperaba la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría afectado a 180.000 personas.
Por otro lado, se eliminaba también el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.
Se presupuestaron, asimismo, 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra la pobreza infantil y otros treinta millones para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.
Becas y universidad: los PGE incluían un aumento del 10,2% para el sistema general de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones de euros, y establecían una bajada de las tasas universitarias.
Por otro lado, se doblaba la ayuda para libros de texto y material didáctico hasta los cien millones. Para vivienda e infraestructuras se incrementaba el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000 Viviendas.
En cuanto a infraestructuras, la inversión crecía un 18%, alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros, quince millones de euros se reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la ley de memoria histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el franquismo.
Se salvan las medidas, a través de la figura del real decreto ley, relativas al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la revalorización de un 1,6% de las pensiones (a la que se añadirá una décima más por el IPC antes de abril) y de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.
Desde el 2010 hemos perdido mucho en todos nuestros derechos conquistados desde el inicio de la democracia. Los recortes presupuestarios aplicados por M. Rajoy y la acción de los corruptos han supuesto el robo de miles de millones de euros de nuestra riqueza colectiva, lo que ha debilitado la capacidad financiera de los gobiernos, y a su vez ha provocado un efecto de debilitamiento de la asistencia sanitaria, de la dependencia, de los parados, de todo aquello que permitía sobrevivir a unos cuantos millones de familias en España.
Esta política de la sinrazón o, mejor dicho, de abandono de la ciudadanía que han practicado todos los que se han opuesto a estos presupuestos y que ha unido a la derecha con los nacionalistas debe servirnos para tomar conciencia de dónde estamos y cuáles son los peligros que nos acechan.
Dejemos de confiar nuestro futuro en manos de quienes nos abandonan por diferentes motivos pero que coinciden en el resultado final. Lo más importante somos las personas.
Frente a la perspectiva de unas nuevas elecciones el 28 de abril y con los resultados que reflejan las encuestas donde hay un proceso de derechización neofascista de la política española, vetar estos presupuestos ha sido el acto más indecente que podíamos padecer los ciudadanos con el complot de los partidos ya señalados. Ahora sólo falta que nos peguemos un tiro en el pie el día 28 de abril cuando vayamos a votar.
