No había rastro de un escrito de la Fiscalía en el caso de una mujer acusada de omisión del deber de socorro. Apareció el documento casi tres años después en el archivo central del Palacio de Justicia de Terrassa, donde lo buscaron a instancias precisamente del Ministerio Fiscal. ¿Quién había sido el responsable de tal "desaparición" que acabó con aquel caso de omisión prescrito? Según la Justicia, el responsable fue un funcionario judicial de Terrassa que ha sido condenado a un año de prisión y al pago de una multa de 840 euros como autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. El funcionario aceptó los hechos y se prestó a una sentencia de conformidad aunque, según fuentes próximas al caso, durante el proceso se dijo inocente. No sabía qué había ocurrido con aquellos papeles.
En el año 2009 se habían abierto unas diligencias penales a una mujer. A principios del 2013 el Ministerio Fiscal emitió un escrito sobre el asunto, que entró en el juzgado de instrucción de Terrassa encargado de aquel proceso el 17 de enero. El fiscal solicitaba que se abriese un procedimiento ante el tribunal del jurado, con aquella mujer como encausada, por un delito de omisión del deber de socorro.
Y nada más se supo de aquel escrito de la acusación pública hasta casi tres años más tarde. Un funcionario debía tramitar el asunto. Él era el encargado de aquello.
El empleado no dio a las actuaciones judiciales "el curso legalmente establecido". No informó al titular del juzgado para que dictase resolución "ni tramitó procedimiento en forma alguna". Lo dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha condenado al funcionario porque, asegura, actuó "de forma intencionada".
El escrito apareció, pero ya era tarde. El 3 de noviembre del 2015, a instancias de la Fiscalía, lo encontraron en el archivo central del Palacio de Justicia de la Rambleta del Pare Alegre. Alguien lo había depositado allí.
La mirada del Ministerio Fiscal se dirigió entonces hacia el funcionario encargado de aquel procedimiento; y el que se vio inmerso en otro procedimiento penal fue él. Se le abrieron diligencias y tuvo que declarar como investigado por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Caso reabierto
¿Había "perdido" el escrito adrede? ¿Conocía a la mujer imputada en aquello, en la omisión del deber de socorro? Según fuentes próximas al caso, el funcionario dijo que no y su abogada pidió el archivo de la causa. Y ganó aquella primera batalla: la causa quedó archivada, pero el fiscal se opuso a tal sobreseimiento y la Audiencia Provincial le dio la razón y reabrió el proceso.
El primer caso había prescrito debido a la inactividad procesal, "provocada por el imputado", según la sentencia. El 30 de noviembre del 2015, unos días después del hallazgo del escrito, aquel viejo caso de omisión del deber de socorro pasó a mejor vida. El juzgado acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones por prescripción. El segundo asunto, el que afectaba al funcionario judicial, siguió su curso después de la decisión de la Audiencia Provincial de reabrirlo y llegó a un tribunal del jurado. Fue el primer procedimiento que la oficina del jurado del órgano provincial tramitó en el 2017.
El jurado no llegó a formarse. El acusado se había declarado inocente y aseguraba desconocer qué había pasado con los papeles del fiscal, añaden dichas fuentes. Pero se acercaba el día del juicio en Barcelona y el hombre no quiso alargar aquella pesadilla, próximo como estaba a la jubilación. Aceptó un pacto con el Ministerio Público. Lo firmó en octubre pasado. No procedía formar el tribunal popular ni celebrar la vista.
Pese a que tiempo atrás hubiera negado el dolo, la voluntad deliberada, dijo "sí" y reconoció los hechos. Era autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, pero, si bien no con la contundencia de la prescripción, el paso del tiempo también operó en su beneficio: concurría la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, pues la tramitación de su causa había estado paralizada por un tiempo superior a dieciocho meses. Un rizo en la paradoja.
La sentencia impone al funcionario un año de prisión y siete meses de multa con cuota diaria de 4 euros. E inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de tres años. Y a pagar las costas del juicio. La pena de prisión quedó suspendida durante dos años, una suspensión condicionada a que el hombre no volviese a ser condenado en ese tiempo por otro delito. El encausado no tenía antecedentes. Ahora los tiene por un escrito fiscal que se extravió y apareció en un archivo casi tres años después.
