Casi le da un vahído al cerrar la puerta después de aquella visita intempestiva. Se derrumbó en el suelo, agitada. Aguantaba unos documentos en la mano. Ya se habían marchado, so pena de volver muy pronto, el próximo 26 de febrero, los integrantes de la comitiva judicial que llamaron a la puerta de su domicilio y le dijeron que debía abandonarlo ya. Ella, Yolanda García, no se va porque no se puede ir, dice. Es consciente de su situación irregular, porque no paga el alquiler del piso, pero no puede largarse sin tener otro techo antes. Por ella y, sobre todo, por su hija, una menor de 14 años que vive con ella, piensa combatir con denuedo. Y no descarta emprender una acción espectacular, extravagante, cuando llegue el día del desahucio.
Lo del vahído, lo de la visita, fue el martes por la mañana. La historia de Yolanda es sólo la historia de Yolanda, mas peripecias similares se repiten a diario en personas solas con hijos a su cargo. Ella está divorciada desde hace un año. Con su entonces marido alquiló un piso en el paseo del Vint-i-dos de Juliol, en Sant Pere, un espacio coqueto y luminoso al que la familia estaba ligada, en principio, para cinco años como arrendatarios con opción de compra. El contrato expiró en marzo del 2018 y, burofax mediante, Yolanda tuvo que soportar los gastos de la vivienda, pues ella permaneció allí como moradora. Se acababa de separar. Y no tenía trabajo, y sí una hija adolescente. No podía abonar el alquiler. Su expareja le paga pensión alimenticia por la menor, "pero ni un extra".
Yolanda, de 44 años, encontró empleo hace cuatro meses. En una fábrica de Cerdanyola, lo que significa un gasto mensual de 80 euros en gasolina. Ha pasado un año de infiernos, de ataques de ansiedad, de visitas al psiquiatra, de inversión de papeles con la mamá hundida y la hija haciendo de mamá, pero en los últimos tiempos ha reunido una fuerza que condensa en su resolución: "Sé que estoy ocupando algo que no es mío, sé que no hago bien, pero ¿qué hago?", exhala antes de reclamar a los poderes públicos que no sólo dirijan las acciones de desahucio contra los moradores, sino también contra quienes figuran en los contratos como arrendatarios: "Como mi exmarido".
Intermediación
No puede afrontar los 700 euros de alquiler mensual, reitera mientras las llamadas a su teléfono móvil se suceden. Ahora es su abogada. Yolanda le expresa sus cuitas mientras toca el papel que le recuerda que la oficina de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento elaborará un informe social solicitando el aplazamiento del desalojo para presentar el caso en una Mesa de Emergencia el 20 de marzo.
Del inicio del procedimiento de desahucio se enteró por el propietario del inmueble, pero nada más. "Yo esperaba una notificación judicial para poder tramitar la solicitud a los Servicios Sociales, porque si no era así no podía hacerlo. Y no supe nada de los juzgados", cuenta. No supo nada hasta el martes pasado, cuando abrió la puerta y vio a varias personas: dos funcionarios, el abogado del dueño, el dueño, una procuradora y un cerrajero.
Llegó a pedirles que se identificaran. "Me dijeron que disponía de quince minutos para abandonar el piso. Yo dije que no me marchaba, que tenía una hija. Daba igual. Debía marcharme. Respondí que no dejaría la vivienda hasta encontrar otra". La comitiva dio media vuelta después de la negativa y de que Yolanda autorizase a los funcionarios, como le solicitaron, que también el juzgado diese traslado del asunto a los Servicios Sociales. En principio, el 26 de febrero, a las once de la mañana, la visita se repetirá, esa vez "con la fuerza pública". Yolanda sigue en sus trece, pero espera haber encontrado entonces una solución. Ya ha visto un piso que le conviene por el precio y posiblemente recibirá una ayuda para la fianza.
"No me iré hasta que no tenga otro techo", repite.
