La segunda jornada del juicio del “procés” en el Tribunal Supremo estuvo monopolizada ayer por las acusaciones, que impugnaron las críticas vertidas el martes por las defensas, entre las que destacó la Fiscalía, que sorprendió con un argumentario de peso político y un alegato en defensa de la democracia y del sistema judicial.
El fiscal Javier Zaragoza afirmó ayer en la segunda jornada de la vista del ‘procés’ que éste es “un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional” y advirtió que “nadie está por encima de la ley y actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune”.
“Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas”, señaló el fiscal en respuesta a los alegatos que desplegaron las defensas de los 12 líderes soberanistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.
Murallas humanas
El Ministerio Público sostuvo que hubo violencia en Catalunya, donde a su juicio el independentismo utilizó la violencia instando “murallas humanas” para frenar la intervención policial y que contó con los Mossos d’Esquadra, que estuvieron “al lado de la rebelión”.
Según el fiscal, “a nadie debe extrañarle que la Justicia penal reaccione” ante acusados que “violan las normas más elementales de la convivencia y lo hacen mediante la ejecución de actos de enorme gravedad que suponen una grave agresión al orden constitucional”.
El fiscal del Supremo Javier Zaragoza reprochó a las defensas de los independentistas procesados que hayan planteado en sus escritos “auténticos libelos acusatorios” con el fin de “desprestigiar la Justicia española” y “sentar al Estado en el banquillo”.
Tras la Fiscalía, el turno fue para la representante de la Abogacía del Estado, Rosa Maria Seoane, que secundó las palabras del Ministerio Público al afirmar que este es “un juicio con todas las garantías que no merece ninguna otra calificación” ya que persigue “el cumplimiento del ordenamiento jurídico” y juzgar, “única y exclusivamente, unos hechos que, concatenados entre sí, se subsumen en diversos tipos delictivos”.
En una intervención eminentemente técnica, Seoane recriminó ayer a las defensas que en sus alegatos del martes “nos trataran de hacer ver que, desde el inicio, se han criminalizado distintas actuaciones que encajaban en los distintos derechos fundamentales como la libertad ideológica, política, el ejercicio de la libertad de expresión, de reunión e incluso el derecho a la protesta. Nada más lejos de la realidad”, afirmó la letrada en el juicio.
La Abogacía del Estado se ve obligada, dijo, “a defender este proceso y un ejercicio del derecho penal democrático frente al derecho penal del enemigo tan invocado ayer y que huelga por su ausencia”. Seoane, que fue designada como representante del Estado en la causa del “procés” en diciembre, en sustitución de Edmundo Bal, defendió la legitimidad de la Abogacía para acusar de un delito de sedición y no sólo de malversación, respondiendo así a la defensa de Jordi Cuixart, que el martes argumentó que el presidente de Omnium está inculpado “de forma indebida” por parte de la Abogacía del Estado.
El turno de las acusaciones lo cerró Pedro Fernández, el abogado de Box, que ejerce la acusación popular. El letrado arrancó con la petición de que se prohibiera el lazo amarillo que luce Jordi Sánchez, pero el tribunal desestimó su solicitud (ver despiece).
Libertad, dentro de la ley
A partir de ese momento, Box ejerció ayer una acusación eminentemente técnica con alusioness a jurisprudencias opuestas a las tesis de las defensas. Durante su intervención, Fernández afirmó que “indiciariamente estamos en el supuesto de un levantamiento” y advirtió que en España “la libertad nos permite hacer lo que queramos dentro de la ley”.
