Los grupos municipales de ERC-MES, PDeCAT y la CUP acusan al equipo de gobierno municipal de "ignorar la soberanía democrática del pleno" y hacerle un "jaque a la democracia en Terrassa" al negarse a colgar una pancarta en el balcón municipal de apoyo a los presos mientras dure el juicio al "procés" en el Tribunal Supremo.
La instalación de la pancarta se aprobó en enero, mediante un acuerdo de junta de portavoces que contó con el apoyo de las tres formaciones independentistas más los 6 concejales de Terrassa en Comú: mayoría absoluta de 14 votos en un pleno de 27.
El alcalde, Alfredo Vega, publicaba ayer un artículo en Diari de Terrassa anunciando la decisión de no colgar la pancarta. Vega encargó un informe a los servicios jurídicos municipales, que entienden que la pancarta constituye "un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de la ciudadanía" y es "vulnerador del principio de neutralidad y objetividad institucional". Además, entiende que el alcalde no está obligado a acatar las decisiones de la junta de portavoces ni del pleno, calificando el acuerdo de la junta de portavoces de "ruego".
Apelan a secretaría
Los partidos independentistas califican el informe jurídico de "desafortunado y falaz" y acusan a los servicios jurídicos de "omitir deliberadamente la doctrina jurisprudencial" al afirmar que la pancarta "no es conforme a derecho", una omisión que a su juicio evita citar "que la expresión democrática de la mayoría de un plenario en la fachada del Ayuntamiento es plenamente legal".
Las formaciones firmantes -ERC-MES, PDeCAT y CUP-, con el apoyo de TeC, pedirán a la secretaria general del Ayuntamiento que firme el contenido del informe jurídico. Las formaciones creen que el alcalde ha encargado el documento a los servicios jurídicos y no a la secretaría "evitando que pueda haber recorrido para impugnarlo".
En el pleno de febrero las cuatro formaciones presentarán una propuesta de resolución exigiendo que el equipo de gobierno cumpla con el mandato de la junta de portavoces y que pretende "evitar que el gobierno municipal pueda, nunca mas, ignorar la soberanía municipal expresada en el Saló de Plens".
