Los desafíos de la migración no son algo que se pueda tratar de forma aislada. Deben abordarse colectivamente y -de forma crucial- humanamente.
Recientemente, Médicos sin Fronteras (MSF) se vio obligada a detener las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central. Una siniestra y concertada campaña de desafíos legales y obstáculos administrativos significó el fin de las operaciones del Aquarius, el buque que operábamos junto a SOS Mediterranée. Debido a este sabotaje, desaparece el compromiso humanitario y legal más básico: salvar vidas en el mar.
Ciudadanos y alcaldes de Europa se han movilizado para recibir a las personas rescatadas y mostrar su humanidad. Mientras tanto, los gobiernos europeos se han negado a proporcionar capacidad de búsqueda y rescate y -lo que es peor- han boicoteado activamente los esfuerzos de otros para salvar vidas. Salvar vidas no es negociable. Salvar vidas es lo que hacemos, por lo que seguiremos luchando, y lo que nos urge que defiendan.
En el mundo, diez millones de personas están en movimiento. Desde las fronteras de Sudáfrica y México, hasta las costas de Malasia, Indonesia y Europa. Desde Libia, pasando por Nauru y el Mar Rojo, los equipos de MSF se enfrentan a la brutalidad de las políticas migratorias actuales.
Estamos sorprendidos por la magnitud de la violencia y el sufrimiento infligido a las personas que están atrapadas en un limbo legal por las restricciones estatales; aquellas que están atrapadas por las detenciones arbitrarias; aquellas que han sufrido abusos de los traficantes. Estas políticas oficiales profundizan el sufrimiento de millones de personas.
Debemos enfrentar la realidad: las políticas inhumanas diseñadas para impedir la migración no detienen a las personas en movimiento. Estas políticas fortalecen a funcionarios corruptos y a bandas criminales. Estas políticas criminalizan y arrojan a las personas vulnerables a las manos de traficantes y redes criminales que las explotan despiadadamente. Como presidenta internacional de Médicos sin Fronteras, he presenciado escenas angustiosas. Algunas de ellas de personas que estaban en los centros de detención de Libia: personas desesperadas, en habitaciones sucias, atrapadas y despojadas de cualquier esperanza. Me hablaron de la extrema violencia y explotación que sufrieron durante sus viajes. Las mujeres me hablaron de que fueron violadas y, luego, obligadas a llamar a sus familias para pedirles dinero. Menores no acompañados y mujeres embarazadas, encerrados en sótanos sin atención médica, con lágrimas en sus ojos suplicando por su libertad.
Observamos un comportamiento contradictorio en la Unión Europea: mientras los políticos admiten que no se debe retornar a las personas a Libia, conspiran contra las operaciones de búsqueda y rescate. Formulan políticas, capacitan y equipan a su guardia costera para obligar a las personas a regresar a ese país.
Hace unas semanas estuve en México y Centroamérica, donde las personas huyen de la violencia y las amenazas en sus hogares, sólo para ingresar en un espeluznante ciclo de explotación y abuso. Las mujeres y niñas buscan anticonceptivos, porque simplemente asumen que serán violadas durante la ruta. Las personas se ven obligadas a elegir entre la violencia en sus lugares de origen o la lejana posibilidad de un futuro lleno de esperanza.
En Lesbos, Grecia, una cuarta parte de los niños que asisten a nuestras sesiones de terapia grupales se autolesionaron, tuvieron pensamientos suicidas o intentaron quitarse la vida. Durante más de un año, nuestros equipos han alertado sobre la emergencia de salud mental en curso, pero nada ha cambiado para mejor. Éstos son los costes humanos de las llamadas exitosas políticas para restringir la migración. Son políticas que deshumanizan a quienes simplemente buscan seguridad o una vida mejor. Son políticas que matan. Vemos campañas para criminalizar y deshumanizar a quienes huyen de la violencia y la pobreza, representándolos como algún tipo de virus que debe terminarse y contenerse. Seamos claros, las políticas actuales están empujando a las personas en movimiento hacia el abuso y la explotación.
Ayudar a las personas necesitadas no es un delito. Sin embargo, en todo el mundo, nuestros proyectos médicos que las atienden se encuentran con obstáculos burocráticos, acoso legal e incluso violencia. Aquellos que buscan ayudar a las personas en movimiento han sido difamados, intimidados y amenazados.
No podemos ser ciegos ante la violencia que sufren quienes se desplazan. No podemos ignorar su desesperación. No podemos fingir que no sabemos lo que está sucediendo. Tomemos partido por las políticas humanas. Tomemos partido contra la criminalización de la migración y del acto de salvar vidas. Migrar no es un crimen. Salvar vidas, tampoco.
* La autora es presidenta internacional de Médicos sin Fronteras (MSF) (Servicio de firmas de la Agencia EFE)
