Personal laboral y usuarios de La Fundació Privada Terrassenca Prodiscapacitats, Prodis, y la Fundació Amat Roumens, Fupar, se concentraron ayer frente a sus respectivos centros de trabajo, en la Plaça del Tint y en la calle de las Campiones olímpiques, respectivamente, para expresar el malestar por la situación que viven esta entidades. Desde ambas fundaciones se exige tanto a la Generalitat de Catalunya como al Gobierno central medidas que eviten la asfixia económica a la que se están viendo abocadas. Por la tarde, representantes de Prodis y Fupar expusieron en el pleno municipal la problemática. Según explicó a Diari de Terrassa Dani Jorquera, gerente de Prodis, todos los grupos municipales se han “comprometido a acompañarnos” y apoyarlos para intentar solucionar el conflicto.
La Generalitat congeló diez años la aportación económica que efectúa a estas entidades por cada plaza de los servicios ocupacionales y asistenciales. Ambas entidades reclaman un incremento del “quince por ciento” en esas asignaciones para actualizarlas en función del incremento del coste de la vida. El otro frente abierto es con el Gobierno Central. En los últimos tres años el Ejecutivo ha subido un 37% el Salario Mínimo Interprofesional; el alza más importante ha entrado en vigor este mismo año, y ha situado el SMI en 900 euros mensuales. El Gobierno subvenciona el 50% del SMI para el personal de los centros especiales de trabajo, y ademas están exentos de pagar las cuotas de la Seguridad Social. El problema es que el 50% que asumen las entidades es una cantidad cada vez más importante a raíz de las últimas alzas. “Evidentemente no han tenido en cuenta el gasto que estos incrementos supone para nosotros; por ello, le pedimos al Gobierno central soporte suficiente para que lo podamos asumir”, dice Jorquera, que asegura que, en ningún caso, “podemos repercutir ese 37% a los clientes”. El gerente de la Fundació Prodis augura que si no llega una solución no habrá otra alternativa que reducir plantillas.
Cambio de modelo
El gerente de Prodis también asegura que ha llegado el momento de plantearse un cambio de modelo de los centros especiales de trabajo, un sistema “que viene de los años ochenta y que implantó en su momento formas de hacer ocupación que actualmente están desfasadas”. Por ejemplo, “tenemos que replantearnos el trabajo que deben realizar las personas con discapacidades que tienen especiales dificultades”, asegura Jorquera. O cómo abordar el proceso de envejecimiento prematuro que sufren personas con discapacidad intelectual empleadas en los centros.w
