La burbuja del alquiler fue cocinada políticamente, a medida de la banca y los fondos buitre, y, por tanto, se debe atajar políticamente. El real decreto impulsado por el PSOE y aprobado el pasado 14 de diciembre por el Consejo de Ministros del presidente Pedro Sánchez supone un cierre en falso. Es necesario un nuevo real decreto que incluya la regulación de los precios de los alquileres abusivos y otras medidas imprescindibles que llevan tiempo exigiendo los Sindicats de Llogaters, otros colectivos como la PAH, junto a algunos ayuntamientos como el de Barcelona. ¡Decimos alto y claro que las medidas tomadas por el presidente Pedro Sánchez son absolutamente insuficientes!
Por esto, desde Terrassa en Comú hemos presentado un acuerdo de la junta de portavoces del Ayuntamiento de Terrassa instando al alcalde, Sr. Alfredo Vega, a que defienda el derecho a la vivienda y luche contra la burbuja del alquiler, posicionándose claramente a favor de la limitación de precios. Unos precios abusivos que dejan a miles de ciudadanos de nuestra ciudad en dificultades para acceder a una vivienda de alquiler o directamente en situación de precariedad habitacional y/o exclusión residencial.
No podemos dejar de recordar que los acuerdos se firman para cumplirlos y, en este caso, en el acuerdo de presupuestos generales del Estado firmado entre Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Gobierno de España (PSOE) se incorporaba el control de precios en los alquileres de viviendas, concretamente el punto número 3 establece que se dotará a los ayuntamientos de facultades para poder intervenir en los precios del mercado de alquiler en las ciudades especialmente tensionadas (como sería el caso de Terrassa), una herramienta de la que esperábamos disponer ya.
Y lo más grave de esta marcha atrás por parte del Gobierno del PSOE son las publicaciones aparecidas en algunos medios que señalan que se debe a una cesión ante las presiones y amenazas inaceptables de los grandes lobbies inmobiliarios, especialmente los fondos buitres y concretamente el fondo Blackstone, que es el mayor inversor del Estado con más de 23.000 millones, que llegó a advertir públicamente a la ministra Nadia Calviño sobre una retirada de inversiones si se aprobaba el control de los precios de los alquileres.
Directivos de este sector reconocen que llevaron sus argumentos y advertencias ante la Secretaría de Vivienda, dirigida por Helena Beunza, "tan lejos como pudieron" y se toparon con la respuesta de que cualquier modificación del borrador del decreto superaba ya el nivel técnico y "exigía contactos políticos" que por los resultados no hay duda de que se hicieron y consigueron su objetivo, retirar la posibilidad de limitar los precios de los alquileres.
El alcalde, Alfredo Vega, no puede mirar hacia otro lado e intentar tapar las vergüenzas de su partido, PSOE/PSC, cuando los datos certifican la enorme problemática que tenemos en la ciudad para garantizar el acceso a una vivienda para un parte muy importante de la población y cuando también nos indican que estamos inmersos en una nueva burbuja especulativa, en este caso de alquiler. Sólo hay que mirar los precios y/o hablar con cualquier persona que esté buscando piso de alquiler en nuestra ciudad: el precio medio ha subido entre un 7,8% y un 11,4% en el último año, donde el alquiler medio ha pasado de 773 euros/mes en julio de 2018 a 861 euros/mes en diciembre de 2018.
Si miramos la situación respecto a la vivienda de nuestra ciudad (3.655 personas inscritas en el registro de solicitudes de vivienda protegida -datos de 2016-, 94 solicitudes en espera en la Taula d’Emergència que equivalen a 368 personas, de las que 181 son menores, y más de mil familias viviendo en condiciones de vulnerabilidad y precariedad habitacional y de suministros) y la actual burbuja de alquileres, que está suponiendo un auténtico tsunami contra el derecho a la vivienda, queda muy claro que no tomar las medidas para impedir la especulación y garantizar este derecho agravará la situación de forma exponencial. La regulación de los precios abusivos de alquileres es una de esas medidas imprescindibles para intentar revertir la situación. Por eso esperamos y confiamos en que nuestro alcalde no esconderá la cabeza bajo el ala y defenderá los intereses generales y el derecho a la vivienda como una necesidad básica de los ciudadanos y ciudadanas de Terrassa. Damos por hecho que ante esta grave situación no defenderá los intereses partidistas y electoralistas del PSOE/PSC.
* El autor es concejal de Terrassa en Comú
