A finales de los años setenta, el Estado español poseía una retahíla de bienes y sociedades interminable. Desde el inicio de la democracia se han privatizado alrededor de cien empresas, por un importe aproximado de 30.000 millones de euros. Ya Felipe González empezó con las mismas ansias privatizadoras que años después siguió Aznar. Algunas se consideraban “la joya de la corona”, entre ellas Repsol, Telefónica, Endesa, Argentaria, Indra, Red Eléctrica, Retevisión, Gas Natural… Algunas como Endesa y Argentaria eran un cúmulo de empresas previamente fusionadas.
En el caso de Seat, eterna ruina por su nefasta gestión, fue regalada a los alemanes de Volkswagen, previo saneamiento a costa del Estado, pero por lo menos a partir de ahí ha sido empresa ejemplar por calidad de sus productos y generación de empleo.
Fueron también privatizadas Trasmediterránea, Ena, Ence, Altadis (Tabacalera), Casa, Enatcar, Aldeasa, Aceralia, Airbus, Elcano, Barreras, Cope, Izar, Sefanitro, Ebro, Santa Bárbara, Aena, Iberia… Es difícil recordar todo el conglomerado, pero sí es fácil ver cómo actualmente nos ahogan las privatizadas de servicios públicos, no sólo con sus tarifas, sino dificultando nuestra información y nuestra comunicación ante cualquier incidencia.
Las cajas de ahorros no se privatizaron, sino que nos las quebraron casi todas. Unas instituciones que hace veinte años tenían un valor incalculable, aparte de llevar a cabo muy importantes funciones sociales. Totalmente politizadas, coparon los puestos de responsabilidad políticos, sindicalistas y otros personajes más aptos para el desvalijamiento que para la gestión. Aunque en su día fue calculado en algo más de 40.000 millones el coste de su liquidación, sumando sólo media docena, la cifra queda ya por encima. Será difícil saber lo que nos costará, ya que aún hay en vigor compromisos firmados que garantizaban a los compradores cuantos perjuicios aparecieran durante los diez años siguientes a la adquisición.
Por otro lado, tal como transcurren los procesos judiciales, será difícil la recuperación de las grandes cantidades percibidas indebidamente por sus responsables.
Por el contrario, se han creado más de 4.000 empresas, entre todas las administraciones, cuya utilidad es nula, salvo servir de cobijo a personajes, familiares y amiguetes privilegiados, que han generado una deuda aproximada de 60.000 millones de euros – cifra no consolidada en la publicada por el Estado – y cuyo desmantelamiento fue prometido por el señor Rajoy, pero su coste en indemnizaciones y amortización de deuda puede alcanzar tales cifras que lo más probable es que “el monstruo” siga creciendo durante mucho tiempo.
Merece destacarse el trueque, sólo considerando los 30.000 millones percibidos por la venta de empresas rentables, y en no pocos casos modélicas, frente al doble de deuda generada por las inútiles creadas. Luego vendrán las consecuencias de su liquidación…
Estuvo a punto de llevarse a cabo la privatización de Loterías del Estado, pero falló la Bolsa en aquel momento y optaron por endeudarla y poner impuestos a los premios, de esa entidad y de todos los premios de otros sorteos, cosa que jamás había existido, puesto que ya las instituciones organizadoras a lo recaudado le restan entre el 40 y el 50%, parte del cual será para cubrir gastos.
Quedan en poder del Estado Correos, Paradores, las problemáticas Hunosa y Navantia y pequeños porcentajes en Red Eléctrica, Ebro Foods y Enagás.
La venta de algunas participaciones importantes seguramente no tenía razón de ser lógica, salvo amainar el endeudamiento, y favorecer a algunos grupos que tomaron el control y hoy tienen en sus consejos de administración a quienes tomaron aquellas decisiones políticas. Y entre las privatizadas acaba de concluirse el proceso de la que quizás resulta más incomprensible que se haya llevado a cabo. Se trata de Hispasat. Lograron acumular en Abertis casi el 90% de esa sociedad, y se va con la OPA lanzada a la antigua empresa de autopistas, por ACS de don Florentino y Atlantia, sociedad italiana. Ambos grupos se esfuerzan en restar valor a todo el entramado de telecomunicaciones que hay alrededor de Hispasat, pero teniendo en cuenta que saben de antemano que Abertis pierde ya las concesiones de sus principales autopistas a ver quién nos justifica el precio pagado en la OPA.
Y es que se da la casualidad de que Hispasat es el operador de todos los satélites españoles, entre cuyas funciones está la prestación de servicio a las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores del Estado. Para completar el cuadro ya han hecho saber que la participación será repartida entre Atlantia, que será ubicada en Italia, y Hotchief, filial alemana de ACS, con domicilio en Alemania.
Por otra parte, y como operación contra dirección a lo realizado por el Ayuntamiento de Terrassa con la Mina, la Generalitat realizó hace ya unos seis años una subasta por la que adjudicaba la concesión, por un plazo de 50 años, de toda una compleja trama de captación, plantas de tratamiento, depósitos, estaciones de bombeo y redes de distribución de las cuencas del Ter y del Llobregat, además de las plantas desalinizadoras del Llobregat y el Tordera, en Blanes, y hasta el abastecimiento de varios pantanos, en las cuencas del Llobregat y del Ter.
Es curioso que se cerrase la adjudicación un 31 de diciembre a las 23,59 horas, para minorar, con la importante cifra percibida, el abultado déficit del ejercicio. Ahora que el Supremo declaró nula la adjudicación, aquella cifra más la reclamada por Acciona por inversiones realizadas y daños y perjuicios se irá muy por encima de los 1.000 millones que recibió la Generalitat y que engrosara el déficit de este año. ¿O pasará, como es habitual, a engrosar las inversiones? Lo que sí es cierto es que la reversión a la Generalitat, salvando las distancias, planteará muchos problemas similares a los producidos con la municipalización de la Mina. Para concluir, pocas operaciones, ni de privatización, ni de nacionalización o de constitución de nuevas empresas, han tenido como objetivo principal ni el servicio a la clientela ni el beneficio de los ciudadanos en general.
