La entrada en servicio de la empresa pública Taigua convierte Terrassa en ciudad pionera en la municipalización. No es exactamente la primera en poner fin a la concesión privada y optar por la gestión pública y directa. La ciudad se suma a otras que lo han hecho antes como París o Valladolid, o que están en proceso, como Barcelona.
El carácter novedoso y singular de la experiencia egarense tiene que ver con la complejidad del proceso en la ciudad, donde la gestión pone fin una concesión privada de 75 años otorgada al finalizar la Guerra Civil en respuesta a la demanda de una industria textil emergente.
Intenso debate
La gestión pública suma años de debate en la ciudad a iniciativa de las formaciones de izquierda – TeC, CUP y ERC- y especialmente del impulso de la sociedad civil, a través de Aigua és Vida y la Taula de l’Aigua, agentes clave para el cambio de modelo en la ciudad. El PSC, partido en el gobierno, se sumó a la municipalización en 2017 y en septiembre de ese año el pleno aprobó por amplia mayoría -20 concejales de 27- la municipalización y los estatutos de la nueva empresa pública.
El proceso ha sido tenso y se ha cobrado una víctima destacada. En noviembre de 2018 el alcalde Jordi Ballart abandonaba el cargo, el Ayuntamiento y la militancia. Lo hacía desengañado con el PSC y denunciando una campaña de presiones y amenazas, aseguró, por su apoyo a la municipalización.
Traspaso amistoso
Mina se ha opuesto desde el principio a la gestión pública y a como se resolvía y lo ha hecho con varios contenciosos en los tribunales, a los que se han sumado sus accionistas y el grupo mayoritario AGBAR. Tras años de litigios, el pasado septiembre la concesionaria selló un principio de acuerdo con el Ayuntamiento que ha cristalizado estos días con un paquete de contratos que la convierten en proveedora temporal de la empresa pública Taigua. Fruto de ese acuerdo, la ciudad le garantiza el uso de la red pública de abastecimiento para continuar prestando servicio a Matadepera, Ullastrell, Rellinars y Vacarisses.
